Las gestorías alertan: la Administración impone cada vez más multas a las empresas en plena crisis

La situación que han vivido las gestorías y las asesorías, principalmente laborales, durante los últimos meses ha sido caótica. La declaración del Estado de Alarma junto a la dura crisis económica que ha originado la pandemia del covid-19 ha hecho que las reclamaciones y solicitudes por parte de empresas se hayan disparado. En este contexto, las gestorías alertan de que «se está sancionando con multas desproporcionadas a las empresas por trámites formales que son responsabilidad de la Administración y no por mala praxis o fraude».

De este modo, un grupo formado por más de 2.000 gestores y asesores laborales se ha unido en una plataforma bajo el lema ‘SOS laboral’, para denunciar la situación a la que se enfrenta el sector. Y es que desde la plataforma denuncian que «están llegando propuestas de sanción a través de multas a las empresas por no comunicar de manera previa la incorporación de un trabajador. Por un lado, con una comunicación previa al SEPE. Cuando el propio SEPE publicó en su guía inicial que recomendaban acumular todas las incorporaciones producidas dentro del mismo mes y comunicarlas en un único fichero el día 25 de cada mes».

«Por otro lado, con una comunicación previa a la Tesorería de la Seguridad Social, cuando el sistema no permite introducir el cambio hasta el mes siguiente. Y por último con una presentación de procedimiento ERE XLM (inicial y modificaciones), cuyo paso no se solicitaba en la guía inicial», puntualizan desde SOS laboral.

Por todo ello, los gestores y asesores denuncian la situación a la que se enfrenten muchas empresas, y la dureza que el Ministerio de Trabajo está aplicando a uno de los sectores más perjudicados por la pandemia del covid-19 mediante la sanción con multas «desproporcionadas». «Los trámites que no se han podido cumplir por la combinación de todo lo anterior expuesto, no supone en ningún caso, que la empresa se bonifique de más ni el empleado cobre más del Estado», añaden.

Otras críticas y demandas

Entre las quejas más repetidas que denuncia este colectivo se encuentra «el exceso de trabajo, y la inseguridad jurídica creada a base de múltiples Reales Decretos, mal redactados por su interpretación ambigua y confusa», denuncia el grupo.

Además, otro de los aspectos con los que SOS laboral se muestra más crítico es el «desconcierto respecto a qué tipo de casos podían acogerse a fuerza mayor y la inseguridad del silencio administrativo. También ha sido evidente la desorganización entre las distintas Administraciones (SEPE, TGSS, ITSS). Han empleado distintos criterios y ninguno vinculante, junto a los cambios de criterio, formatos de los ficheros a presentar y los plazos a seguir»añaden.

«Ha existido una evidente duplicidad entre las Administraciones que no se han presentado como un bloque alineado sino que había que  comunicar lo mismo por varios canales. Junto a esto, la imposibilidad de contactar con las oficinas durante el confinamiento para conseguir resolver dudas. Teléfonos colapsados, oficinas cerradas… El cierre de las Administraciones al público, ha supuesto que este colectivo tenga que realizar un trabajo extra lidiando con errores informáticos y con el mantenimiento de sedes electrónicas en días clave (cambios de fase desescalada, presentación seguros…) que no han permitido presentar la documentación en tiempo y cumplir con los plazos estipulados», defienden desde SOS laboral.

Colapso

El colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se trasladó también a las solicitudes y a la carga de trabajo que reciben los abogados de los principales despachos laboralistas por parte de empleados y empresas. Y es que la pandemia del coronavirus y la multitud de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han presentando errores ha hecho que numerosos abogados laboralistas alerten de que «el 100% de las incidencias que vemos en prestaciones son errores del SEPE».

«Es evidente que al inicio de esta pandemia hubo un colapso importante tanto en el SEPE en particular como en otras administraciones. A día de hoy las incidencias se están tratando de resolver bastante rápido», remarca una de las abogadas. Y es que a pesar de que España ya ha salido del confinamiento, y de que muchos de los empleados que estuvieron incluidos en un ERTE ya han vuelto a sus puestos de trabajo, todavía existen ciudadanos que no han recibido ninguna de las prestaciones que les corresponden.