Francia une a otros 15 países de la UE y a las eléctricas contra la reforma de la vicepresidenta Ribera
La reforma eléctrica de Ribera eliminaría la competencia y perjudicaría a los consumidores
El Parlamento Europeo da la razón a Feijóo en contra de la ‘reforma Ribera’ del mercado eléctrico
La cumbre sobre energía que ha organizado Pedro Sánchez en Valladolid bajo su presidencia europea y que está dirigida por la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, amenaza con colapsar y acabar en un rotundo fracaso. Francia y otros quince países de la UE parecen conjurados para que los planes españoles fracasen estrepitosamente, y las grandes eléctricas se han unido al rechazo, por otra clase de razones, en contra de las tesis ambientalistas tan del gusto del presidente Sánchez.
El resultado es que la reunión de Valladolid, que concluye hoy, se ha convertido en una jaula de grillos donde cada uno de los 27 países invitados se está posicionando a favor de las fuentes de energía que más les interesan individualmente. Los dos grupos de estados enfrentados han planteado de hecho una contraprogramación del diseño organizado por la española Ribera. Francia ha convocado, en paralelo a la cumbre, una reunión informal de la denominada Alianza Nuclear, foro en el que participan 16 de los 27 países que conforman la UE. En contraposición, el binomio Austria/Alemania ha impulsado otra reunión informal de la denominada Amigos de las Renovables, donde figuran 14 de los países, entre ellos España.
Según la consultora, la fijación del precio de la electricidad por parte del regulador, tanto para las renovables como para las nucleares e hidráulicas, atendiendo a la premisa de que éstas no deben recibir beneficios excesivos ni tampoco demasiado bajos es muy compleja de llevar a la práctica. «Fijar el precio de los contratos a largo plazo es un riesgo para los generadores -pues de subestimarse estarían condenados a producir a pérdidas-, así como para los consumidores, pues de ser muy elevados llevarían a sobrecostes que recaerían sobre ellos». Además, de acuerdo con el informe, «la fijación de precios por parte del regulador provocaría desigualdad entre estados, perjudicando la competitividad industrial de aquellos países cuyos gobiernos no consigan fijar precios competitivos, señal muy negativa para llevar a cabo nuevas inversiones».
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