Economía
Peligra el acuerdo sobre el sector de la energía impulsado por España

Francia une a otros 15 países de la UE y a las eléctricas contra la reforma de la vicepresidenta Ribera

La reforma eléctrica de Ribera eliminaría la competencia y perjudicaría a los consumidores

El Parlamento Europeo da la razón a Feijóo en contra de la ‘reforma Ribera’ del mercado eléctrico

La cumbre sobre energía que ha organizado Pedro Sánchez en Valladolid bajo su presidencia europea y que está dirigida por la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, amenaza con colapsar y acabar en un rotundo fracaso. Francia y otros quince países de la UE parecen conjurados para que los planes españoles fracasen estrepitosamente, y las grandes eléctricas se han unido al rechazo, por otra clase de razones, en contra de las tesis ambientalistas tan del gusto del presidente Sánchez.

El resultado es que la reunión de Valladolid, que concluye hoy, se ha convertido en una jaula de grillos donde cada uno de los 27 países invitados se está posicionando a favor de las fuentes de energía que más les interesan individualmente. Los dos grupos de estados enfrentados han planteado de hecho una contraprogramación del diseño organizado por la española Ribera. Francia ha convocado, en paralelo a la cumbre, una reunión informal de la denominada Alianza Nuclear, foro en el que participan 16 de los 27 países que conforman la UE. En contraposición, el binomio Austria/Alemania ha  impulsado otra reunión informal de la denominada Amigos de las Renovables, donde figuran 14 de los países, entre ellos España.

El enfrentamiento entre Francia y Alemania por la aplicación del sistema de ‘cfds’ (un modelo que establece una retribución fija por cada tipo de fuente de producción eléctrica) a todas las nucleares francesas, nuevas y antiguas, amenaza con bloquear definitivamente el preacuerdo del Consejo para la reforma del mercado eléctrico europeo que quiere conseguir Sánchez en Valladolid.
En la Alianza Nuclear figuran, además de Francia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. Por su parte, en Amigos de las Renovables, están incluidos, además de los impulsores Austria y Alemania, Luxemburgo, Grecia, Malta, Dinamarca, Estonia, Portugal, Países Bajos, Letonia, Eslovenia, Irlanda, Bélgica y España. Aunque hay estados que están en las dos alianzas (Bélgica, Países Bajos, Estonia y Eslovenia) el enfrentamiento entre los dos bandos se ha puesto de manifiesto al celebrar reuniones en paralelo. Francia, principal productor de energía nuclear de Europa, ha sido vetada por Alemania en Amigos de las Renovables. Ya lo fue en una reunión de este grupo que se produjo el pasado 19 de junio en Luxemburgo.
Por otra parte, el lunes fueron las grandes eléctricas las que se reunieron con la comisaria europea  Kadri Simson y con la ministra Teresa Ribera para expresar sus posiciones contrarias a una reforma que, en su opinión, fomenta la intervención del mercado. Hoy miércoles acaba la reunión de Valladolid y, por el momento, España está más lejos del acuerdo que de la ruptura.
Los planes españoles para reformar el mercado eléctrico y dar lugar a una directriz aplicable a toda la Unión Europea han sido objeto de contestación por parte de los principales expertos del sector, dentro y fuera de nuestro país. Un reciente informe de la consultora PwC aseguraba que, tal y como estaba planteada, la reforma podría eliminar la libre competencia, ir en contra de las reglas básicas del mercado y daría lugar a un sector más intervenido con grave perjuicio para los consumidores y para los generadores de energía, cuestiones en las que coinciden las principales compañías europeas.
De acuerdo con la consultora, el Gobierno español basa su propuesta en la existencia de determinadas hipótesis que son cuestionables, «de lo que resulta un diseño de mercado regulado y centralizado en el que se concede un protagonismo extra a la figura de un regulador como comprador único de la energía». Como consecuencia de los planes que maneja la ministra Ribera, y que se apartan de manera considerable de los del resto de los países, el mix de generación futuro no resultaría de la competencia entre agentes por invertir en tecnologías innovadoras y eficientes en costes sino de decisiones del Estado, lo cual podría derivar en un sobrecoste para los consumidores o en déficit de inversión, lo que pondría en riesgo la seguridad de suministro.
Uno de los aspectos más cuestionables de las ideas del Gobierno, de acuerdo con la comparación que hace PwC de las propuestas de unos países y de otros, es la de poner en riesgo la contratación de energía a plazo y con un precio acordado entre la empresa y el consumidor, que a su juicio es un mecanismo que ha demostrado ser eficiente y ha ayudado a conseguir la penetración de energías renovables, a la vez que ha proporcionado a los consumidores estabilidad mediante contratos a precio fijo.

Según la consultora, la fijación del precio de la electricidad por parte del regulador, tanto para las renovables como para las nucleares e hidráulicas, atendiendo a la premisa de que éstas no deben recibir beneficios excesivos ni tampoco demasiado bajos es muy compleja de llevar a la práctica. «Fijar el precio de los contratos a largo plazo es un riesgo para los generadores -pues de subestimarse estarían condenados a producir a pérdidas-, así como para los consumidores, pues de ser muy elevados llevarían a sobrecostes que recaerían sobre ellos». Además, de acuerdo con el informe, «la fijación de precios por parte del regulador provocaría desigualdad entre estados, perjudicando la competitividad industrial de aquellos países cuyos gobiernos no consigan fijar precios competitivos, señal muy negativa para llevar a cabo nuevas inversiones».