El FMI certifica el desastre: estanflación y deuda pública desmadrada

Amigos, prepárense porque vienen curvas de las buenas. Esta semana, el FMI ha dado una somanta de palos al Gobierno de los que dejarían tiritando a cualquiera que no sea Pedro Sánchez: ha rebajado la previsión de crecimiento al 4,8% (y podía haber sido peor, ya que los institutos españoles la sitúan por debajo); ha dicho que España será el último país de Europa en recuperar los niveles de 2019; y ha advertido de que nuestra deuda no bajará del 114% del PIB… ¡hasta 2027!

Precisamente, el Banco de España ha certificado que la deuda pública marcó máximo histórico en 1,44 billones (españoles, millones de millones) en febrero, el 119% del PIB, y está aumentando en 700 millones al día. Y eso, con la recaudación de impuestos en niveles récord, que si no… Lo cual significa que el aumento de la deuda se debe únicamente al desbocado gasto público del Gobierno -por cierto, la gubernamental EFE lo achaca también a la caída de ingresos, con todo su cuajo-. Por si faltaba algo, el BBVA ha elevado su previsión de déficit del 4,8% al 6% del PIB por el cacareado «plan anticrisis».

Por si fueran pocas todas estas cosas chulísimas que está haciendo el Gobierno con la economía, no se olviden de la inflación, que en marzo llegó al 9,8% y tiene toda la pinta de que superará el 10% en abril.

El tópico de que la inflación es el impuesto de los pobres se está demostrando a diario. Hoy mismo, Beatriz Jiménez explica en OKDIARIO que frutas y verduras multiplican su precio por cuatro del campo al supermercado. Y esta semana hemos asistido a la debacle de Netflix, provocada entre otras causas por el IPC: con la subida de precios, los sueldos ya no dan para lo que daban antes, y las familias suprimen gastos superfluos como las plataformas de streaming.

La estanflación… en el mejor de los casos

Ah, y luego están las subidas de tipos, claro. Los bancos centrales se aprestan a subir tipos para atajar la inflación. Se han resistido todo lo posible por miedo a provocar una recesión, pero su mandato es la estabilidad de precios. El propio Guindos ya ha avisado de que el BCE puede empezar las alzas en julio, el euribor ha entrado en positivo por primera vez en seis años y el mercado ya descuenta tres incrementos de los intereses este año. El propio FMI teme subidas más agresivas de las previstas. Otro golpe a las familias con la próxima subida de la letra de la hipoteca.

Y este negrísimo panorama, que nos acerca cada vez más a la estanflación (estancamiento con inflación), es el mejor escenario posible. Como lo oyen. Si Alemania entra en recesión, como vaticina el Bundesbank si hay un embargo al gas ruso, o si las consecuencias de la guerra en Ucrania van más allá -no digamos nada si se extiende a otros países-, apaga y vámonos. El último que apague la luz.

Hablando de la luz, la gran medida del Gobierno para atajar la inflación hace agua y terminará por naufragar: el tope al gas para reducir el precio de la luz. Bruselas sólo va a aceptar un límite de entre 50 y 60 euros, nada de los 30 exigidos por Podemos (ellos son mucho de exigir; nunca piden, siempre exigen). Y eso, si acepta poner tope alguno, que cada vez es más dudoso. Eso implica que la luz podrá situarse en 160 euros, una rebaja poco relevante, y sólo hasta el 30 de junio. Teniendo en cuenta que la medida no entraría en vigor hasta mayo, como ha admitido Teresa Ribera, el parto de los montes parió un ratón.

Y Pedro Sánchez, tocando la lira

Pues como lo de la luz, todo. El Gobierno parece ajeno a todas las alertas y sigue tocando la lira en medio del incendio. No tiene la más mínima intención de bajar impuestos -más allá de las medidas temporales de la electricidad y los carburantes- ni mucho menos de reducir el gasto público. Ni de tomar cualquier medida para incentivar la inversión y la creación de empleo.

El maná de los fondos europeos, la medida estrella del Gobierno para recuperarnos de la pandemia, sigue desaparecido en combate. Nadie los ha visto y su reparto sigue empantanado por la burocracia y la incompetencia del Ejecutivo (por no hablar de los despilfarrados en chorradas).

«Nuestro problema principal es una política económica mal concebida, ejecutada por ineptos, en unos casos, y antisistemas, en otros», sentenciaba hace unos días Diego Barceló en este periódico. Afortunadamente, en el bando contrario han encontrado a un responsable económico que sabe de lo que habla, para variar, que tiene las ideas claras y que hace propuestas sensatas y aplicables: Juan Bravo. El problema, claro, es que el PP no gobierna y, si por Sánchez fuera, no lo hará hasta finales de 2023.

Pero, como hemos dicho en varias ocasiones en esta columna, va a ser muy difícil que el Gobierno agote la legislatura. Europa no está dispuesta a correr el riesgo de otra crisis de deuda como la de 2012, que es a lo que estamos abocados con el estado de nuestras cuentas públicas, el fin de las compras de bonos del BCE y las subidas de tipos. Más temprano que tarde va a exigir al soldado Pedro que embride el gasto, lo que significa recortes. La palabra maldita que Podemos no puede tolerar y que, en teoría, hará saltar por los aires la coalición. En teoría, porque se han tragado ya unas cuantas ruedas de molino (la última, el Sáhara) y con ellos nunca se sabe. Son capaces de decir ahora que los recortes son de izquierdas y quedarse tan panchos.