La falta de accesibilidad condiciona a los españoles: un 30% renuncia ver a familiares por esta causa

La accesibilidad garantiza que una ciudad funcione para todos, permitiendo que las personas se desplacen y participen con autonomía e independencia. Cuando no existe, la vida cotidiana se ve comprometida, tal como refleja el informe Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España, elaborado por TK Elevator. Según el estudio, el 54,4% de la ciudadanía reconoce haber modificado alguna de sus rutas habituales para evitar zonas con dificultades de acceso. Además, uno de cada tres españoles admite que ha dejado de visitar a familiares o amigos porque sus edificios carecen de ascensor o presentan barreras arquitectónicas, y el 43% evita realizar sus compras en establecimientos con estas mismas limitaciones.

Estos datos evidencian que la accesibilidad condiciona la forma en que las personas se relacionan con su entorno. Es un factor tan determinante que el 40,5% de los encuestados afirma haber elegido su lugar de residencia o trabajo en función de la disponibilidad de sistemas que garanticen la accesibilidad. Incluso, la mitad de la población considera este aspecto al seleccionar un destino de viaje.

Tradicionalmente, la accesibilidad se ha percibido como un desafío que afecta únicamente a ciertos colectivos, como las personas mayores o con movilidad reducida. Sin embargo, el informe revela que también un alto porcentaje de adultos jóvenes identifica los espacios poco accesibles como un obstáculo. El 38% de quienes tienen entre 35 y 49 años detecta barreras de movilidad en los edificios que frecuenta, y el 36% de los jóvenes de entre 18 y 34 años comparte esta percepción. Cumplir con este criterio se convierte, por tanto, en una demanda creciente entre quienes se encuentran en su etapa vital más activa, cuyas rutinas —empujar un carrito, subir una bicicleta o transportar una maleta— también requieren entornos adaptados a su ritmo de vida.

«Los equipos de movilidad desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de las ciudades y los edificios. Ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes facilitan el desplazamiento de todas las personas, eliminan barreras arquitectónicas y promueven una sociedad más inclusiva. Su integración en el entorno urbano permite que toda la ciudadanía participe plenamente en la vida social, laboral y cultural de la ciudad», afirma Pedro Martín, CEO de TK Elevator para la región sur de Europa y África.

Competitividad territorial

 La accesibilidad no solo garantiza la inclusión: también genera valor. Según el estudio, uno de cada tres encuestados percibe que contar con sistemas de movilidad incrementa el valor económico de su entorno. El efecto es aún más notable entre quienes han reformado su edificio para hacerlo más accesible: el 62% considera que estas mejoras han elevado tanto el valor de su propiedad como el del barrio.

Sin embargo, su impacto va más allá de lo económico. Entre quienes han impulsado mejoras de accesibilidad, el 46% afirma haber ganado autonomía y el 40% destaca una mejor convivencia vecinal. La accesibilidad, por tanto, no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión que multiplica bienestar, cohesión y valor urbano.

En clave regional, el mapa revela que las tasas más altas de implementación de mejoras de accesibilidad en comunidades de vecinos se registran en País Vasco (28,7%), Madrid (28,4%), Castilla y León (25%) y Cataluña (24,2%).

Consenso social

 El informe revela un consenso social contundente: el 88% de la ciudadanía considera que la accesibilidad debe garantizarse en todos los edificios, tanto públicos como privados. Sin embargo, esta percepción contrasta con una importante brecha informativa: solo el 18,5% de la población sabe que existen ayudas públicas para subvencionar este tipo de actuaciones y, entre quienes las han llevado a cabo, únicamente un 9,4% afirma haber accedido a esos fondos.

Para impulsar la modernización de los edificios y continuar reduciendo las barreras arquitectónicas en las ciudades españolas, es fundamental seguir avanzando en políticas públicas activas, así como reforzar la comunicación sobre los recursos ya disponibles y los beneficios de invertir en accesibilidad. En ese sentido, la cooperación entre administraciones y sector privado es clave para impulsar un modelo de movilidad inclusiva, sostenible y centrado en las personas. “La demanda social por una movilidad accesible es clara. Instituciones, empresas y administraciones debemos trabajar de forma conjunta para ofrecer soluciones eficaces, agilidad y compromiso, derribando las barreras que impiden avanzar hacia entornos verdaderamente inclusivos”. añade Pedro Martín.