España recibirá 184 millones del fondo de ayuda del Brexit en 2021

El fondo que Bruselas puso en marcha para paliar los efectos económicos del Brexit ha dado un paso más. En concreto, sobre su reparto, que desvela que España recibirá un total de 184,2 millones de euros en 2021 para ayudar a los sectores y regiones más perjudicados por el final del periodo de transición del Brexit.

De esta manera, España será el séptimo país más beneficiado del reparto, por detrás de Irlanda -1.050 millones-, Países Bajos -757 millones-, Alemania -455 millones-, Francia -420 millones-, Bélgica -324 millones- y Dinamarca -247 millones-. En total, el fondo cuenta con una partida presupuestaria de 5.000 millones de euros y la gran mayoría -unos 4.000 millones- se distribuirán entre los Estados miembros ya en 2021.

La Comisión Europea presentó la propuesta legislativa para crear este fondo el pasado 25 de diciembre, aunque todavía tiene que negociarse y acordarse entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete. La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha desvelado este miércoles el reparto por países en una imagen que ha compartido en su cuenta de Twitter.

La Comisión Europea presentó la propuesta legislativa para crear este fondo el pasado 25 de diciembre, aunque todavía tiene que negociarse y acordarse entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete

Según el calendario previsto, el segundo desembolso de estas ayudas tendrá lugar ya en 2024 y para su distribución se tendrá en cuenta el gasto incurrido del primer tramo que se ha declarado a las autoridades europeas. Si este gasto excede la cantidad asignada para 2021 y es superior al 0,06% de la renta nacional bruta de este año, el Estado miembro recibirá una ayuda adicional.

Los Estados miembros podrán utilizar estos recursos para apoyar a los sectores económicos, empresas y comunidades más afectados por la salida de Reino Unido de la UE, entre los que se encuentra aquellos que dependen del acceso a aguas británicas para desarrollar una actividad pesquera.

El dinero también puede destinarse a fomentar el empleo, por ejemplo a través de sistemas como los ERTE españoles o financiando programas de formación, o a adoptar medidas para garantizar un funcionamiento de los controles de aduanas en los futuros intercambios con Reino Unido.

La propuesta permite financiar proyectos y medidas puestos en marcha desde el 1 de julio de 2020 y tendrá una duración de 30 meses para «dar la posibilidad y la flexibilidad a los Estados miembros para diseñar y aplicar las decisiones necesarias para aliviar el impacto inmediato» del Brexit.

Preocupación en la industria alimenticia

La salida del Reino Unido del mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea, así como de todas las políticas de la UE en acuerdos internacionales, implica la renuncia de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre ambos. Por eso, muchos sectores económicos han mostrado inquietud ante el nuevo escenario. Este mismo miércoles, desde FIAB -Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas- han dicho que es importante contar con el apoyo de asesores expertos que ayuden directamente a las empresas en relación con los nuevos trámites, la logística de exportación y los controles fronterizos, especialmente a las pymes que exportan a este mercado.

«Hay empresas que actualmente venden sus productos a Reino Unido y no están familiarizadas con los procesos de exportación a un nuevo territorio fuera de la Unión Europea. Es primordial apoyarlas para garantizar la continuidad de estas exportaciones», ha apuntado García de Quevedo.

Además, pide a las autoridades españolas apoyo para la promoción de los productos nacionales en el mercado británico, que es el cuarto destino de las exportaciones de la industria española de alimentación y bebidas por un valor de 2.018 millones de euros en 2019.

Otra de las preocupaciones de la industria española de alimentación y bebidas es el daño que los aranceles de Estados Unidos a productos alimentarios están provocando a las empresas españolas. Por eso, han solicitado a las autoridades españolas y europeas que pongan en marcha las las negociaciones con la nueva Administración estadounidense en cuanto se haga efectivo el traspaso de poderes.