La ley de lobbies bloquea la relación con las empresas: los funcionarios cancelan reuniones por miedo a ser señalados

La nueva ley de lobbies del Gobierno ha empezado a provocar un efecto contrario al que perseguía: funcionarios y responsables públicos están cancelando reuniones con empresas y asociaciones sectoriales por miedo a que esos contactos puedan comprometerles o ser utilizados en su contra en el futuro.

Fuentes de distintos ámbitos de la Administración consultadas por OKDIARIO reconocen que existe una creciente resistencia a recibir a representantes empresariales desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2026, aprobado por el Gobierno el pasado 25 de agosto. Desde el sector privado, particularmente quienes tienen una relación necesaria con la administración, como el tecnológico, de infraestructuras o energético, confirman que se están produciendo esas cancelaciones. «Se formalizan contratos necesarios, pero incluso ahí se evitan los encuentros».

Las fuentes consultadas por este periódico solicitan mantener el anonimato precisamente por la sensibilidad del asunto, pero coinciden en describir un cambio en el comportamiento de determinados funcionarios: «Reuniones que anteriormente se celebraban con normalidad ahora se evitan, se posponen o directamente se cancelan».

El motivo es el temor a que cualquier encuentro quede registrado y pueda utilizarse posteriormente para vincular al empleado público con una determinada decisión administrativa o normativa.

La nueva regulación obliga al personal público afectado a hacer públicas en el Portal de Transparencia, en un plazo máximo de un mes, «todas las reuniones y contactos» que mantenga con grupos de interés. Además, establece consecuencias disciplinarias por el incumplimiento de estas obligaciones. Pero el problema no es ese, puesto que esas reuniones se venían agendando ya de forma pública, sino la responsabilidad directa del funcionario en lo tocante a cualquier empresa con la que se reuniera. «Pone en el disparadero al funcionario, le señala por reunirse o por formalizar un contrato», y además «le hace responsable aunque no participe de toda la cadena de contratación porque no es su labor».

Todo queda registrado

El problema no se limita a las reuniones formales con los grandes grupos de presión. El concepto de «actividad de influencia» utilizado por el Gobierno es extraordinariamente amplio.

La norma considera como tal cualquier comunicación directa o indirecta destinada a incidir en decisiones públicas, políticas públicas o elaboración de normas. Incluye reuniones, conferencias, entrega de documentos, propuestas, comunicaciones y hasta la utilización de intermediarios para transmitir posiciones a la Administración. «Sólo por el planteamiento», lamentan desde el sector público, «ya da la sensación de que se hace algo malo y, como no es el caso, la mayoría prefiere no reunirse ni intervenir».

El funcionario evita el problema, «porque lo contrario, aunque sean proyectos necesarios o que vengan bien a la ciudad o a la comunidad autónoma, es jugársela para nada».

Además, el Registro de grupos de interés debe recoger las reuniones y audiencias celebradas, las comunicaciones, los informes y la documentación relacionada. Las actas o minutas tienen que identificar la fecha, el lugar, los participantes, los asuntos abordados y los documentos intercambiados.

La regulación llega incluso a impedir, como regla general, mantener reuniones, entrevistas o contactos considerados actividad de influencia con grupos que previamente no estén inscritos en el registro. Esto, «especialmente a nivel local», trasladan a OKDIARIO que es algo imposible, porque «la mayoría de las empresas locales con las que trabajan muchos no están inscritas». Antes de mantener cualquier encuentro, el propio empleado público debe comprobar que la empresa o asociación está registrada.

Existe una excepción que permite el contacto si el grupo se compromete por escrito a inscribirse en los tres días hábiles siguientes.

Es precisamente esa trazabilidad la que, según las fuentes consultadas, está provocando un efecto disuasorio entre determinados responsables de la Administración. «Trabajamos bajo sospecha», explican.

El razonamiento que trasladan algunos funcionarios es sencillo: aceptar una reunión supone asumir una serie de obligaciones y dejar constancia pública del encuentro, mientras que rechazarla elimina cualquier riesgo futuro.

Las fuentes explican que el temor no reside necesariamente en estar realizando una actuación irregular. El problema es que una reunión perfectamente legal pueda ser reinterpretada años después si la Administración adopta una decisión que beneficie, aunque sea indirectamente, a alguna de las empresas que participaron en ella.

Las pequeñas empresas, perjudicadas

La situación amenaza además con generar una importante desigualdad entre empresas.

Las grandes compañías cuentan habitualmente con departamentos de relaciones institucionales, asuntos públicos, regulación y asesoramiento jurídico preparados para desenvolverse dentro de este tipo de procedimientos.

Para una pequeña empresa o una asociación empresarial, por el contrario, reunirse con un funcionario o responsable ministerial puede constituir prácticamente la única posibilidad de explicarle directamente las consecuencias de una regulación sobre su actividad.

La paradoja es que la propia norma reconoce expresamente el derecho de los grupos de interés inscritos a acceder al personal público presencialmente, por teléfono o por medios telemáticos. El Gobierno reconoce así la legitimidad de esa interlocución mientras introduce simultáneamente unas obligaciones que, según funcionarios y empresas consultados, están llevando a algunos empleados públicos a evitarla.

La legislación introduce además la denominada «huella normativa». Cuando los contactos estén relacionados con la elaboración de una norma, deberá quedar constancia de los grupos que participaron, las aportaciones realizadas, qué modificaciones provocaron y la identidad del personal o cargo público que mantuvo los contactos. Incluso deben aparecer las aportaciones que finalmente no hayan influido sobre el texto.

El resultado que denuncian las fuentes es un incentivo perverso: el funcionario que recibe a una empresa asume obligaciones de identificación, publicidad y trazabilidad; el que decide no recibirla evita cualquier posible problema.

Una regulación concebida para hacer más transparente la interlocución entre Administración y empresas amenaza así con conseguir exactamente lo contrario: que parte de esa interlocución simplemente deje de producirse.