Planas asegura haber agotado el presupuesto para el campo pero faltan al menos 244 millones sólo en gasóleo

En los últimos meses, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en que las ayudas concedidas por el Gobierno a los agricultores y pescadores de nuestro país para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán equivalen a la cantidad máxima que Bruselas permite subvencionar; es decir, asegura que España ha movilizado todos los fondos públicos que ha podido.

Sin embargo, un análisis de los últimos reales decretos anticrisis aprobados revela que el Ejecutivo podría haber puesto sobre la mesa 244 millones de euros más solo para financiar la adquisición de combustibles sin miedo a recibir un tirón de orejas por parte de la Comisión Europea.

Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que las bonificaciones para la compra de gasóleo B (el que utilizan agricultores y pescadores) y las subvenciones para la fertilización que se han venido aplicando en España en los últimos siete meses son ayudas de Estado, de modo que deben recibir antes el beneplácito del Ejecutivo comunitario, que en el marco de esta crisis ha autorizado a nuestro país a subvencionar hasta un máximo del 70% del sobrecoste registrado por el sector primario.

Planas asegura que el paquete implementado hasta ahora cubre esas necesidades, pero lo cierto es que no es el caso ni para el combustible ni para los abonos, y no es necesario ser técnico para demostrarlo. En lo que refiere al diésel agrícola, desde el principio de la guerra la bonificación se ha basado en una devolución extraordinaria equivalente a veinte céntimos por litro consumido, una cuantía que se ha reeditado con el tercer Real Decreto aprobado el pasado 29 de septiembre, que estará vigente hasta finales de año.

Sin embargo, y según datos del Ministerio de Agricultura recogidos por la organización agraria Unión de Uniones, el precio medio del gasóleo agrícola sin impuestos ha pasado de unos 0,734 euros por litro antes del conflicto a 1,196 euros a finales de septiembre. El alza es de unos 46,2 céntimos por litro, así que incluso asumiendo que la cotización del petróleo se mantuviera estable en los próximos meses, compensar el 70% de este gasto extra exigiría algo más de 32 céntimos por litro.

Unión de Uniones ha trasladado ese cálculo al inicio de la crisis, y el resultado es que una vez llegue el 31 de diciembre, el sobrecoste acumulado por la compra de gasóleo B desde marzo rondará los 576 millones de euros para todo el sector. Un 70% de esa cantidad son exactamente 403 millones de euros, una cuantía que está muy lejos de los 159 millones de euros desplegados hasta ahora por el Ejecutivo (52 millones en el último Real Decreto) a abonar a través de las devoluciones extraordinarias.

También desde el Partido Popular han hecho el cálculo, aunque solo para lo que queda de año, y el resultado que arroja es que el tercer paquete de ayudas para la compra de combustible agrícola, presupuestado en 52 millones de euros, solo cubre un 33% de la inflación que sufrirán los agricultores hasta diciembre, que sitúan en unos 155 millones de euros si se cruzan los datos de estimación de consumo a nivel nacional y precios en el surtidor. También los pescadores se enfrentan al mismo problema, pues a los 15 millones de euros desbloqueados por el Ejecutivo el pasado 29 de septiembre le faltan seis millones para alcanzar el 70% del encarecimiento acumulado, que se sitúa en 21 millones de euros para el período octubre-diciembre.

La lista sigue con los fertilizantes, cuya subvención quedó fijada ya en el primer Real Decreto en 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 euros/ha para los de secano, con un presupuesto total de 665 millones de euros que, según ha dicho el ministro Planas, es suficiente para cubrir un 70% de la inflación en el precio de estos insumos. Hace ya semanas que las organizaciones agrarias advierten de que no es así, entre otras cosas porque el mecanismo hace una distinción de trazo grueso entre secano y regadío cuando lo cierto es que los gastos de abonado varían enormemente entre cultivos.

El PP ha afinado aún más el análisis, y el resultado es poco halagador para el ministro. Debido al cierre del estrecho de Ormuz, una vía de agua por la que pasan hasta un 35% de los bienes que la industria agroquímica utiliza para fabricar abonos, esta campaña el campo se enfrenta a unos sobrecostes de 1.287 millones de euros, así que un 70% de esa cantidad equivale a 901 millones de euros, no a los 665 millones dispuestos por el Gobierno; de los que solo 494 se han ejecutado.

Según explica a este periódico Milagros Marcos, secretaria nacional de Agricultura del Partido Popular, el próximo 13 de octubre llevarán este asunto a las Cortes, y hay que recordar que el pasado once de septiembre ya presentaron una PNL en el Congreso para instar al Gobierno a recalcular la cuantía de las ayudas previstas.

Para el principal partido de la oposición, el plan de alivio fiscal para agricultores y pescadores debería pasar por elevar las subvenciones hasta el máximo permitido por la Unión Europea y establecer un mecanismo que evite que los beneficiarios de las rebajas tributarias al gasóleo tengan que adelantárselas al Fisco a través del sistema de solicitud de devolución de impuestos. A su vez, y para reducir el precio final de los alimentos, los populares también apuestan por una eliminación temporal del IVA de la cesta básica de la compra.