Sacyr espera recuperar en los tribunales 2.000 millones en sobrecostes del Canal de Panamá

Sacyr confía en que lograr en los tribunales de arbitraje internacionales recuperar al menos el 50% de los sobrecostes que debía haber abonado el Gobierno de Panamá tras la construcción del tercer juego de exclusas del Canal. La cantidad que espera ingresar el consorcio que lidera el grupo español ronda los 2.000 millones de dólares (unos 1880 millones de euros al cambio actual).

Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr y que está integrado también por la italiana Salini, la belga-luxemburguesa Jan de Nul y la panameña CUSA.

“Esperamos que el Gobierno de Panamá se haga cargo de los sobrecostes, tal como estipula el contrato, aunque la realidad es que habrá que pelear cada euro en los tribunales. Lo más lógico es que el éxito de nuestras reclamaciones esté entre el 40 y el 50%. Todo lo que esté en ese rango estará bien; si está por encima, desde luego, estaremos contentos”, explican.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Panamá sólo se ha comprometido a abonar los 3.192 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) inicialmente estipulados en el contrato, más 465 millones de sobrecostes reconocidos. El volumen restante, hasta los 5.581 millones de dólares que ha sido necesario invertir en la obra, es lo que reclama el consorcio al Gobierno en multitud de expedientes que pasan por la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y que terminan en el Tribunal de Arbitraje de Miami, organismo que no ha dictado todavía resolución alguna.

“De momento no ha habido ninguna decisión definitiva sobre el arbitraje, ya que todas las que han salido del DAB son recurribles, y las decisiones del Tribunal de Miami, que es la autoridad definitiva e inapelable, todavía no se han producido. Según nuestras previsiones, emitirá un par de sentencias este mismo año”, indican fuentes de Sacyr consultadas por este diario.

La empresa española confía en recibir al menos el citado 50% de los sobrecostes que reclama una vez que el organismo arbitral de Miami se pronuncie sobre todos los expedientes desde ahora hasta el año 2020, aunque seguirá intentando que el Gobierno de Panamá cambie de opinión y decida hacer frente a una parte de los pagos de forma voluntaria, ya que Sacyr todavía realiza labores de mantenimiento en el Canal y la relación laboral entre la empresa y las autoridades del país no se ha terminado.

El consorcio ha construido dos complejos de esclusas de tres niveles, con 16 compuertas que han permitido aumentar el tamaño de los buques que transitan por el Canal de Panamá, duplicando el transito de mercancías hasta 600 millones de toneladas anuales según las previsiones. La entrega de la infraestructura se produjo el 31 de mayo d 2016 y la inauguración fue el 26 de junio.

Desde entonces, el Canal de Panamá ve como aumenta su tráfico y, por lo tanto, sus ingresos, gracias a la ampliación realizada por el consorcio liderado por Sacyr. Según los últimos datos facilitados por el administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, cerca de 1.000 buques neopanamax han transitado por esta infraestructura desde que se inauguró el nuevo juego de exclusas.

De hecho, el Canal de Panamá ha recuperado parte de la cuota de mercado perdida en los últimos años en favor del Canal de Suez, ya que la ampliación permite el paso de buques más grandes, elevando la competitividad de la infraestructura panameña. El pasado año transitaron por la ruta 330,4 millones de toneladas de carga que generaron ingresos por 1.933 millones de dólares, de los cuales el 94,3% corresponden a los buques panamax y el 5,7%a los neopanamax.

Las autoridades panameñas admiten que el 30% de los ingresos totales del Canal entran a través de sus nuevas esclusas, cifra que debe incrementarse en la medida que los buques grandes continúen su paso, travesía que contempla también la parada en los puertos aledaños a la vía interoceánica. Precisamente por ello el consorcio liderado por Sacyr no comprende por qué el Gobierno del país no negocia de forma amistosa una parte del pago de los sobrecostes de la infraestructura y recurre de forma sistemática todas las reclamaciones del grupo empresarial al Tribunal de Arbitraje de Miami.