Las empresas de estiba denuncian «huelgas ilegales» pero Fomento aprobará la reforma el día 17

La patronal de empresas de estiba portuaria (ANESCO) ha denunciado este jueves que los estibadores están llevando a cabo «huelgas ilegales encubiertas y selectivas» como respuesta a la liberalización del mercado de trabajo del sector que Fomento aprobará el próximo 17 de febrero.

Los actos de presión por parte de los trabajadores consisten, según indican las propias compañías, en ralentizar las operaciones de carga y descarga de mercancía en los puertos. En ese sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que se reunirá con los trabajadores este viernes, pero ha marcado como fecha límite el viernes de la próxima semana para aplicar la reforma.

Los sindicatos ya anunciaron huelgas parciales entre el 20 y el 25 de febrero, pero nada tienen que ver con las acciones que ahora denuncian las empresas, que aseguran sentirse «totalmente indefensas» ante el «grave impacto económico» que están sufriendo. Y es que los estibadores están en contra de la reforma liberalizadora ha de acometer cuanto antes para evitar una millonaria multa de Bruselas.

Fuentes de Fomento insisten en que estas reformas no responden a una decisión política, sino al cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión Europea (CE) es, en última instancia, la que decidirá si nuestro país ha hecho los deberes.

Otras fuentes cercanas al Ministerio explican que las huelgas tienen sentido cuando es posible conseguir algo. En este caso, el Gobierno siempre ha defendido que no tiene margen de maniobra, pues España (que ya ha recibido varios avisos desde Bruselas) debe cumplir con la legislación comunitaria si no quiere sufrir sanciones.

En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a España a liberalizar el servicio de contratación de los estibadores. Como un Gobierno en funciones no puede ejecutar los cambios recogidos en dicha sentencia, la Comisión demandó de nuevo al Reino de España.

El Gobierno asegura que ha conseguido la máxima flexibilización que la CE ha permitido. En un principio, Fomento solicitó 7 años de período de transición de cara a aplicar lo obligado en la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno trató de conseguir un período transitorio con la máxima flexibilización con el objetivo de defender el máximo posible los derechos de los trabajadores. Esa petición inicial fue de siete años, pero la Comisión lo rebajó a cuatro. Como España ha gastado un año tras el período del Ejecutivo en funciones, sólo restan tres para aplicar todas las reformas.

En caso de que se produjera una segunda sentencia, España estaría condenada a pagar 134.000 euros por cada día de retraso en la ejecución de dicha sentencia, desde el día en que se dicte hasta el momento en que se ejecute la misma.

Fuentes de Fomento explican que se ha mantenido contacto tanto con patronal como con sindicatos y todo se ha trasladado a la UE. La Comisión exige libertad de contratación en los puertos y lo resume en una serie de principios que se basan en la libertad de empresa. Las compañías podrán contratar libremente a los trabajadores siempre que cumplan los requisitos mínimos y estén capacitados para manipular mercancías en los puertos.

La masa de la estiba en España es de algo más de 6.000 trabajadores y cada uno de ellos cobra de media un 60% más que el resto de trabajadores de puertos, pero se trata de un sector estratégico del que depende buena parte de la economía española. Ahora mismo, las empresas están obligadas a contratar a sus empleados a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), de las que son accionistas las propias compañías estibadoras. Es decir, no existe libertad de contratación de trabajadores.

Desde Fomento se insiste en que este cumplimiento de la sentencia no esconde ninguna regulación de empleo, pues son las empresas las que tienen la voluntariedad de contratar a los trabajadores. Para garantizar la estabilidad y la continuidad de los actuales empleados de las SAGEP, el Estado se encargará de proteger sus derechos laborales. Es decir, un trabajador nuevo y uno viejo estarán en las mismas condiciones. El objetivo, señalan fuentes del Ministerio, es que cualquier español cualificado pueda ser estibador.