Díaz presiona al Gobierno para que el impuestazo al sector de la alimentación incluya un pago anticipado

• Patricia Sanz
• Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.
• • 05/02/2024 06:45
  • Actualizado: 05/02/2024 06:45

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene claro que durante el presente año aprobará otro impuestazo, el del sector de la alimentación. Durante la última semana, según ha conocido OKDIARIO por conversaciones con diputados del PSOE, la líder de Sumar presiona a la rama socialista del Gobierno para que el nuevo gravamen incluya un pago anticipado. Es decir, un primer pago a cuenta del ejercicio 2024 que se ingresaría en los primeros días de febrero de 2025, «con la intención de aumentar la recaudación».

La también vicepresidenta segunda del Gobierno ya anunció que está preparando una tasa –en sus palabras, «inteligente»– para gravar los márgenes de toda la cadena alimentaria. Por tanto, se trataría de un gravamen que «se activaría» en función de los márgenes de beneficio de la cadena que supere una determinada cuantía. Según Díaz, el impuesto acabaría con los «comportamientos abusivos» que, según la política gallega, realizan las empresas del sector de la alimentación, asegurando que no se activaría si «el mercado funciona de manera competitiva».

Según explican a este periódico fuentes socialistas, la realidad es que «la ministra ha absorbido el discurso de Podemos y ahora quiere ir contra quienes más beneficios obtuvieron el pasado año: las eléctricas, la banca y los supermercados». En su opinión, «lo que en verdad busca es seguir incrementando la recaudación, porque sabe que la gente no va a dejar de comer por mucho que este impuesto acabe siéndoles trasladado».

Expertos fiscalistas explican que «aunque en el tributo se articulara la prohibición de trasladar el gravamen al precio final, hay muchas maneras en la práctica para que el consumidor pague el mayor coste que le supone a cualquiera sea la parte de la cadena del sector a la que le toque asumir que parte de sus márgenes irán a un mayor pago de impuestos».

Además, estos expertos no descartan que «muchos supermercados puedan llegar a plantearse el traslado de su domicilio fiscal y efectivo al extranjero», con la consiguiente pérdida no ya sólo de recaudación, sino de empleos directos e indirectos para los españoles. Preguntadas fuentes del sector, no creen que les sea rentable trasladar sus fábricas fuera de España, pero sí pensar en una «mayor expansión internacional». «Si nos resulta más rentable vender el producto español en el extranjero, así será».

Díaz, a por la ayuda del paro

Yolanda Díaz sigue poniendo ticks verdes a su lista de objetivos políticos. La ministra estrenó el año con otra subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI,) sin aquiescencia de la patronal y negándole indexarla a la necesaria subida de los contratos públicos. Ahora, la líder de Sumar amenaza con reducir de forma unilateral la jornada laboral o el subsidio por desempleo. Es más, este lunes se reúne con sindicatos y patronal para negociar uno de los decretos tumbado hace unos días por el Congreso: la elevación de la cuantía del subsidio durante el primer año de percepción, compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, y ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.

Pues bien, mientras la ministra de Trabajo sigue acometiendo supuestas mejoras para los trabajadores que luego no se materializan en un avance de la productividad de las horas trabajadas, ahora vuelve a atacar por otro frente: en su batalla con los creadores de empleo, los empresarios.

Yolanda Díaz señaló hace unos días que el nuevo impuestazo al sector de la alimentación se implementaría este mismo año, con un pago a cuenta en el mes de febrero de 2025 y cuya liquidación definitiva sería en julio de 2025.

Pues bien, según ha podido conocer este periódico, la intención de la vicepresidenta segunda sigue adelante y se presiona ya en el seno del Ejecutivo sobre su articulación efectiva. En concreto, Sumar continúa en duras conversaciones con la cartera de María Jesús Montero para que los obligados tributarios que caigan bajo el paraguas del nuevo tributo deban hacer el primer desembolso a cuenta del gravamen en febrero de 2025.

Un pago que supondrá un gran varapalo en la caja de miles de empresas que conforman el sector de la alimentación y justo al comienzo de su ejercicio fiscal. Es decir, sin tener en cuenta si sus circunstancias son igual o no de buenas que en el ejercicio anterior, aquel cuyo pago acometerían al año siguiente, en 2025.