Trabajo se reúne este lunes con sindicatos y empresarios para la reforma del subsidio por desempleo

El Ministerio de Trabajo ha citado este lunes a sindicatos y empresarios para abordar la negociación de la reforma del subsidio por desempleo. El encuentro se produce después de que el Congreso, con los votos en contra de Podemos, PP y Vox, tumbara el real decreto que presentó la ministra Yolanda Díaz con una reforma del subsidio por desempleo no consensuada con los agentes sociales.

Tras este revés, Díaz anunció que la reforma del subsidio por desempleo se negociaría con sindicatos y empresarios, lo que no pudo hacerse en la anterior ocasión ante la necesidad del Gobierno de aprobarla para la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos.

«Ahora sí, abriremos la mesa de diálogo social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales», subrayó Díaz a mediados de enero, tras no salir adelante la reforma en el Congreso.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó el pasado viernes que el planteamiento del Gobierno de cara a la negociación con los agentes sociales de esta reforma «se sitúa en el decreto» que ya presentó y que no logró ser convalidado.

Pérez Rey defiende que la norma que se llevó a la Cámara Baja «suponía un incremento neto de los derechos de los trabajadores», por lo que «el planteamiento del Gobierno se sitúa en ese decreto que estaba lleno de mejoras».

«Nuestro objetivo es mantenerlas», remarcó el viernes el secretario de Estado, que añadió que «las propias organizaciones sindicales habían pedido la convalidación del decreto a las fuerzas políticas» por entender que suponía un «avance significativo» en materia de protección del nivel asistencial de desempleo.

«Vamos a esperar a ver cuáles son los planteamientos de los agentes sociales, que ya habíamos explorado antes del Real Decreto-ley no convalidado, pero no con la parsimonia y la pausa que nos hubiera gustado por la urgencia de la norma», explicó.

Lo cierto es que los agentes sociales, en su momento, no aprobaban la reforma del Gobierno, especialmente la CEOE. Los sindicatos la veían insuficiente, aunque reconocieron que contenía «avances significativos». El anuncio de Díaz de que se iba a abrir a negociarla con ellos fue, en principio, bien recibido por ambas partes.

La reforma diseñada por el Gobierno y tumbada por el Congreso elevaba la cuantía del subsidio durante el primer año de percepción, lo hacía compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, e iba ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.

En concreto, el texto de Trabajo elevaba el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantenía en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.

La reforma tumbada por el Congreso incorporaba al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.

La norma establecía la posibilidad de compatibilizar el subsidio por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial durante los primeros 180 días sin pérdida de cuantía y suprimía el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud, ampliándose además a seis meses el plazo de solicitud para que la búsqueda de empleo «no colisione» con la necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios.

La prestación se vinculaba en el texto a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad en el marco de la Ley de Empleo.

La reforma del Gobierno mantenía la cuantía del subsidio para mayores de 52 años pero introducía cambios en la cotización que, según el Ejecutivo, eran consecuentes con el repunte del salario mínimo interprofesional (SMI).

Podemos rechazó la norma en el Congreso porque no se eliminó la rebaja progresiva de la cotización para mayores de 52 años que cobran el subsidio, lo se iba a traducir en un «recorte» en sus futuras pensiones de jubilación.

El Gobierno introdujo además en este decreto la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales que había pactado con el PNE a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, lo que generó malestar entre los agentes sociales.