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Economía
Empleo

Díaz contrata a un grupo informático para detectar problemas en las aplicaciones del SEPE y frenar el caos

Los trabajadores del SEPE admiten una demora de hasta 3 meses en los trámites por la avalancha de solicitudes

El Ministerio de Trabajo -cartera de Yolanda Díaz-, a través de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha adjudicado al grupo GFI Informática un contrato por valor de 257.857 euros para monitorizar y analizar las aplicaciones informáticas con el fin de detectar problemas que afecten a su rendimiento y que han provocado un retraso en el pagos de las prestaciones desde que la crisis del coronavirus comenzó a dar sus primeros coletazos.

En concreto, el plazo de ejecución de este contrato será de 24 meses, aunque podrá ser prorrogado, sin que la duración del mismo, incluidas las prórrogas, exceda de cinco años. Según consta en la memoraria justificativa del contrato, el SEPE tiene un importante número de aplicaciones que se ejecutan bajo una plataforma de servidores de aplicaciones.

Entre los años 2014 y 2020 se contrató un servicio de APM (Application Performance Management) para el análisis de rendimiento y estudio de los posibles «cuellos de botella» de sus aplicaciones.

Trabajo asegura que, «debido a los constantes evolutivos de las aplicaciones a los que es sometido el organismo», son necesarios los servicios profesionales de monitorización y análisis para la detección de problemas que afecten al rendimiento de aplicaciones informáticas, además de la instalación y uso de una aplicación APM (Application Performance Management) durante la prestación de el servicio.

Falta de medios

El Ministerio reconoce que no existen medios humanos y materiales en el SEPE para realizar esta tarea de monitorización, motivo que llevó al organismo a lanzar, el pasado verano, la licitación de este contrato, cuya adjudicación se publica este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los sindicatos llevan tiempo pidiendo inversiones en los medios tecnológicos del SEPE dado que sus aplicaciones, con una antigüedad media de 30 años, «dificultan una tramitación más ágil de las prestaciones por desempleo», según denunció CSIF hace unos días.