La reforma de las pensiones que piden CCOO y UGT obligaría a subir el IRPF en 26.000 millones de €

CCOO y UGT han iniciado una campaña de movilizaciones que comienza este sábado y concluye el próximo 9 de octubre. Ambos sindicatos reclaman que se ligue el importe de las pensiones con la evolución de la inflación, de forma que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Lo que no explican estas organizaciones lideradas por Unai Sordo y José María Álvarez es que si el Gobierno cediera a esta reclamación habría que subir el Impuesto sobre la Renta (el IRPF) en 26.000 millones de euros para financiar la medida.

El dato se extrae de un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que pone negro sobre blanco en este debate que se ha convertido en recurrente desde que el Ejecutivo modificó el sistema de revalorización de las pensiones. Y es que las cifras que aporta Fedea tumban cualquier intento de CCOO, UGT de hacer demagogia con las pensiones.

El documento, elaborado por los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez, señala que volver a indexar las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) –mediante una reforma legislativa que tumbe la aprobada por el Ejecutivo en 2013– provocaría un incremento medio del gasto de 2,7 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) durante las próximas cuatro décadas, lo que exigiría una subida del 36% en la recaudación del IRPF para financiarlo, es decir, los citados 26.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que al cierre de 2016 los ingresos por este impuesto se situaron en 72.000 millones de euros.

Los expertos de Fedea consideran que lo único factible para las arcas públicas españolas sería “blindar” las pensiones mínimas, limitando la indexación al IPC sólo a este partida para garantizar que los receptores que tienen una menor renta eviten la pérdida de poder adquisitivo que provoca el sistema actual, al limitar la revalorización anual al 0,25%.

Este blindaje de la pensión mínima tendría un coste anual de 0,43 puntos del PIB hasta 2057, lo que exigiría para financiarlo un incremento del 5,8% de la recaudación por IRPF. “A nuestro entender, éste podría ser un coste asumible para evitar situaciones de necesidad entre los pensionistas con menos prestaciones”, señala el estudio. “Lo que no parece factible dados los resultados comentados es restaurar sin más la indexación universal de las pensiones al IPC. Esto supondría derogar el núcleo de la última reforma , con un coste medio que se acercaría a los 3 puntos del PIB”, insiste Fedea.

En cuanto a la posibilidad de financiar las pensiones no contributivas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que lleva tiempo estudiando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el informe apunta que podría permitir aplicar de forma general una revalorización al resto de pensiones por encima del actual 0,25%. Sin embargo, los técnicos indican que esto supondría trasladar el problema de la financiación de la Seguridad Social a las cuentas estatales. En última instancia debería ser sufragado también mediante subidas de impuestos.

“Un inconveniente importante de financiar una parte de las pensiones por la vía presupuestaria es que generaría serios problemas de credibilidad al sembrar dudas más que razonables sobre la capacidad de España de resistir en el futuro la tentación de encontrar nuevas formas de soslayar el Índice de Revalorización de las Pensiones (del 0,25% anual) cuando éste vuelva a hacer por debajo de la tasa de inflación, lo que previsiblemente sucedería en pocos años”, concluye el informe.