El Comité de Empresa de Unipapel pide al Gobierno que actúe legalmente contra Springwater

El administrador concursal de Unipapel, la empresa comprada por el fondo buitre Springwater, ha solicitado el despido de los 293 trabajadores de sus centros de Logroño, Madrid y Aduna. Javier Pérez, presidente del Comité de Empresa de Unipapel, denuncia que todas las plantas eran rentables en el momento de la compra y que su cierre va a costar a las arcas públicas “alrededor de los 25 millones de euros, como mínimo”. Además, declara a OKDIARIO que no entiende como el Gobierno no actúa contra Martin Gruschka (líder del fondo) con mayor presión “por la deuda que tiene con las Administraciones”.

Pérez tiene las cuentas claras y declara que “el cierre de Unipapel le va a costar al Estado entre 25 y 30 millones de euros” entre las prestaciones por desempleo a esas casi 300 empleados y las indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que ascenderían a “7,5 millones de euros”, según las mismas fuentes. Pero el presidente del Comité de Empresa de Unipapel va más allá, a esto habría que sumarle “el 21% de IVA que el Estado dejaría de percibir de los 26 millones que Springwater adeuda a proveedores y a su antigua propietaria Adveo”.

El fondo compró las unidades de producción a Adveo (antigua Unipapel) en marzo de 2014 por 16 millones de euros, solo un mes después dejaba de pagar la Seguridad Social y desde abril de este año los salarios a sus trabajadores. Pérez no esconde su enfado y afirma que no entiende “como el Gobierno no actúa con más presión contra Martin Gruschka con toda la deuda que tiene con la Administración”. Cuando se declaró el ERTE, desde el Ejecutivo pidieron prudencia a los empleados, pues consideraban que el cierre no era definitivo y aseguraban que harían todo lo posible para que Unipapel saliera adelante.

La compañía papelera lleva errática desde 2012, cuando se rebautizó como Adveo e comenzó un plan de expansión, aunque solo dos días antes de poner fin a 2013, la dirección decidió vender la unidad industrial a Springwater adquiriendo el compromiso de hacerse cargo de los empleados y hacer despegar la actividad. Recordemos que Adveo sigue siendo la propietaria de los terrenos y la empresa.

Pero nada de esto ocurrió, los representantes de los trabajadores se reunieron en las oficinas de Gran Vía con la dirección de Springwater, una reunión en la que se les dijo que no debían preocuparse: “confiad, vamos a cumplir, no dejaremos caer la empresa”, comenta Pérez. Solo un mes más tarde, en abril de 2016, dejaron de cobrar y el 26 de mayo Unipapel solicitaba el concurso voluntario de acreedores. Además, en julio comenzó a aplicarse un ERTE que fue anulado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y obligaba a la empresa a readmitir a los empleados.

El juez, de este modo, entendía que el fondo propietario de la compañía pretendía que los costes salariales salieran de las arcas públicas. “Se hace evidente que la suspensión de los contratos sólo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio Público de Empleo Estatal y esperar a que el juzgado mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrán a cargo del Fogasa”, señala la sentencia.

El portavoz de los empleados declara que el auto enviado ayer por el administrador concursal, Santiago Manuel Oliveros Lapuerta, donde pide la extinción de los contratos de la plantilla de Unipapel “es más de lo mismo” y afirma que “de momento el juzgado no les ha comunicado nada” al respecto.

La plantilla de Unipapel se encuentra percibiendo desde julio el cobro de prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo. Unión Sindical Obrera (USO) ha declarado que desde julio hasta hoy “no se ha actuado suficientemente en pro de solucionar la situación de la empresa, lo que ha llevado en este momento a los 293 trabajadores a estar en la calle” tras un ERE. USO ha confirmado a este periódico que la semana que viene habrá una asamblea en la que se informará a la plantilla de la planta de Logroño.

Descartan la venta y reapertura de Unipapel

Pérez sigue defendiendo que todas las plantas de Unipapel repartidas por España. “Todas las factorías tenían un fondo de comercio impresionante con grandes clientes”, afirma, “el problema es que han descapitalizado la empresa y han dejado de invertir hasta dejarla morir”. Asegura que adeuda “16 millones de euros a los proveedores de papel y tinta, a los que hay que sumar otros 10 millones de euros que adeuda con Adveo por el alquiler de la maquinaria y 6 millones más que debería haber abonado por el contrato de compraventa”.

Una posición que reafirma Víctor Aldonza, presidente de Comité de Empresa de Unipapel en Logroño, “la planta es completamente viable al ser una de las firmas más modernas de España y casi de Europa, tengo la esperanza de que llegue un comprador y volver a entrar a trabajar”. Una posibilidad de venta que desde CCOO descartan, de hecho, Adveo ya ha provisionado en sus cuentas unas pérdidas de 16 millones de euros por la venta de Unipapel.

Desde CCOO entienden que la venta de Unipapel fue “simulada” (lo que en la sentencia de la AN llaman empresa aparente) porque “al final lo que pretendían es liquidar las fábricas echando el coste al erario público”. Una apreciación tenida en cuenta en el voto particular de la magistrada Emilia Ruíz-Jarabo en la sentencia de que anula el ERTE. “Nos encontramos ante un claro supuesto de operaciones de ingeniería financiera y societaria encaminadas a eludir responsabilidades laborales”, reza el mismo texto de Ruíz-Jarabo.