Cinco preguntas y respuestas para entender el lío de los remanentes municipales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en su intento de confiscar 14.000 millones de euros a los ayuntamientos españoles. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves la convalidación del decreto ley sobre la cesión de los remanentes municipales al Ejecutivo. Una propuesta que había generado una auténtica rebelión municipal. Corporaciones de diversos signos políticos consideraban que el presidente Sánchez quería adueñarse de un dinero que no le pertenecía. Pero, ¿qué son los remanentes de tesorería? ¿Se pueden gastar? ¿Qué proponía el Gobierno de Sánchez?

¿Qué es el remanente de tesorería?

El remanente de tesorería (RT) es el saldo que permite saber la solvencia económica que tienen las administraciones locales al final de cada ejercicio. Incluye los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago o los fondos con los que cuenta. En definitiva, refleja su situación de liquidez.

¿Pueden gastar los remanentes?

Los ayuntamientos tienen sus remanentes en los bancos -es su dinero ahorrado-, pero no pueden gastarlo porque lo prohíbe la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2012, también bautizada como Ley Montoro. La norma sólo permite a los consistorio utilizar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios. La Constitución también prohibe a las corporaciones locales incurrir en déficit.

¿Qué ha tumbado el Congreso?

El decreto ley que ha rechazado convalidar la Cámara Baja es fruto del acuerdo entre Hacienda y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) alcanzado a principios de agosto para movilizar hasta 5.000 millones de euros para los ayuntamientos. El objetivo era destinar ese monto a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural en un contexto marcado por el covid-19. Eso sí, a cambio, los ayuntamientos tendrían que ‘prestar’ al ejecutivo los 14.000 millones que tienen en concepto de remanentes.

¿Cómo funcionaría el préstamo?

La norma del Ejecutivo establecía que las entidades locales que así lo deseen «constituirán voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería». En concreto, el Ejecutivo pretendía dar a las entidades locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021.

Después, el Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar desde 2022, aunque «el plazo podría alcanzar los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofrece condiciones más ventajosas», decía el Gobierno.

¿Qué ayuntamientos estaban en contra?

Hasta 30 alcaldes de diferentes municipios, 23 de ellos capitales de provincia, que pertenecen a siglas políticas divergentes, firmaron un manifiesto promovido por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, mostrando su total rechazo al decreto ley de los remanentes municipales por considerarlos»injusto», «discriminatorio» e «inadmisible».

Entre los firmantes se encontraban los alcaldes de Alicante, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valencia y Zaragoza.