Cataluña espanta a los inversores: fuga de empresas y cancelación de proyectos

La inseguridad jurídica lleva meses instalada en el mercado inmobiliario de Cataluña debido a las políticas intervencionistas impulsadas la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Una de las medidas más criticadas por el sector inmobiliario en bloque -y que Pablo Iglesias quiere implantar a nivel nacional- es la regulación del precio del alquiler, que recientemente ha tumbado el Tribunal Constitucional. La norma aprobada en septiembre se ha traducido en un descenso de las obras previstas, en menos oferta en el mercado y ha abierto la puerta a que las empresas del sector abandonen Cataluña.

La patronal de promotores de Cataluña (APCE) calcula que debido a la regulación de los alquileres se han dejado de construir 1.500 viviendas destinadas al negocio del ‘Build to Rent’ (BTR). Algunos inmuebles se han reorientado del alquiler a la venta, pero otros proyectos se han desechado. Los propietarios de viviendas también han criticado fervientemente la limitación los precios del alquiler al considerarla un freno para el mercado. Creen que es más difícil acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento, especialmente en el caso de las familias más vulnerables. Además, los propietarios también paralizaron operaciones y cancelaron las reformas previstas tras conocer la nueva intervención del Govern en septiembre del año pasado.

La patronal de promotores de Cataluña (APCE) calcula que debido a la regulación de los alquileres se han dejado de construir 1.500 viviendas

La inseguridad jurídica hace que las empresas se planteen desarrollar sus negocios en Cataluña. La última en dar el paso al frente ha sido la promotora de alquiler asequible Tectum, que ha admitido que el mercado catalán le genera cierta inseguridad, por lo que desechan cualquier plan de crecimiento en dicha comunidad. En su lugar, centrará todo su negocio en la Comunidad de Madrid donde espera levantar hasta 800 viviendas de alquiler a lo largo del año. Los promotores no descartan que otras empresas abandonen el mercado catalán en busca de más seguridad y estabilidad.

«Puede ser que otras empresas den el paso. Si a nivel territorial hay otros entorno que ofrecen unas garantías y un marco regulatorio que pueda favorecer las decisiones de inversión a largo plazo podrían hacerlo», explica Marc Torrent, director general de APCE. Los promotores admiten que la hiperregulación de las administraciones ha provocado un desincentivo de la inversión. Al futuro gobierno le pide que se sienten a negociar un gran pacto para la vivienda y el urbanismo.

La fuga de empresas de Cataluña vivió su máximo apogeo hace tres años coincidiendo con la ofensiva independentista liderada por Arturs Mas y Carles Puigdemont. Como resultado, la comunidad ha pasado de ser el motor de la economía española a estar por debajo de la media. Así lo advertía Funcas en un reciente informe. «Hace tres años nos preguntaron por cómo afectaría a la economía catalana el traslado de las empresas. Dijimos que nos preocupaba la cronificación de la inestabilidad política que hace difícil la actividad económica. Ahora sí notamos con datos esa incertidumbre. Cataluña era el motor de la economía española y ahora los indicadores están por debajo de la media española», decía el texto.

Alquilar viviendas vacías 

Los promotores catalanes también han elevado sus críticas contra el Decreto Ley que obliga a los grandes tenedores a alquilar las viviendas vacías y destinarlas a personas en riesgo de exclusión residencial -anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional-. Los empresarios creen que es el sector privado no debe asumir una responsabilidad que es del sector público. «Hay que ayudar a las personas que más lo necesitan, pero esa no es la solución», dicen los promotores. La sentencia del TC considera inconstitucional la forma en la que se ha tramitado una norma, que obligaba a grandes tenedores de vivienda a proporcionar un alquiler social.

En este escenario, el balance anual de las promotoras catalanas confirma que la oferta de vivienda nueva cerró el año 2020 con 1.013 promociones y 22.810 viviendas construidas. En cuanto a las promociones, aumentaron ligeramente, mientras que el total de viviendas a la venta se hundió un 27,2%, pasando de las 8.376 viviendas de 2019 a 6.098 al año siguiente. Respecto a los precios, los promotores pronostican un encarecimiento del precio de la vivienda debido a la falta de oferta.

El TC responde a Cataluña 

Aunque la Generalitat de Cataluña está empeñada en intervenir el mercado inmobiliario a golpe de Real Decreto, lo cierto es que la justicia ha tumbado recientemente varias de sus medidas estrella. Una de ellas es la de ley que limita el precio del alquiler en 60 municipios de Cataluña. El Partido Popular recurrió la norma al considerar que contiene artículos inconstitucionales puesto que Cataluña no tiene competencias para regular el arrendamiento en los términos planteados.

Además, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente a finales de enero el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó la Generalitat en diciembre de 2019, y que, entre otras cosas, obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que hubiesen ocupado ilegalmente alguna de sus viviendas. El decreto también actualizaba las tarifas de construcción de viviendas sociales y permitía la construcción de alojamientos temporales en suelos públicos o privados destinados a equipamientos.