Caos en la concesión de 14.000 millones al año en subvenciones públicas en España

Falta de transparencia, falta de coordinación entre administraciones, falta de un Plan Estratégico de concesión de esas subvenciones, inexistencia de un seguimiento del dinero concedido… El resultado del análisis de la AIReF sobre el sistema de concesión de subvenciones públicas en España es desolador.

La AIReF ha presentado este lunes el primer informe de los seis que forman el ‘Spending Review’, una revisión del gasto público. El resultado de este primer análisis, referido a la concesión de subvenciones en España, refleja demasiados fallos para la cantidad de dinero que está en juego, 14.000 millones de euros cada año.

Según este organismo independiente, en España existe «falta de transparencia» a la hora de la concesión de esas subvenciones y una inexistencia absoluta de una estrategia que sirva como objetivo de esas ayudas públicas. «Visión parcial centrada en el reparto de dinero», asegura la AIReF alertando de la falta de coordinación entre administraciones.

En definitiva, prima el reparto del dinero frente a una estrategia clara y detallada, nacional, autonómica y local, sobre para qué se conceden esas subvenciones. La AIReF cita sobre todo a la Administración central, que hasta 2017 no elaboraba ningún Plan Estratégico en la concesión de ayudas. Hay que recordar que el reparto de subvenciones es uno de los canales utilizados para la corrupción política y empresarial.

Falta de seguimiento

Además de la citada falta de transparencia, el organismo que preside José Luis Escrivá ha detectado la falta de un plan de seguimiento posterior de las subvenciones concedidas y de mecanismos de sanción en caso de alguna irregularidad. El informe destaca que la cultura sancionadora prácticamente no existe.

En definitiva, ni existe una regulación adecuada y clara a la hora de conceder las ayudas, primando el reparto del dinero, ni existe un seguimiento posterior para ver a qué se ha dedicado el dinero, ni existe un programa de sanciones en caso de que se detectara alguna irregularidad. Este es el panorama en el que las administraciones públicas gastan 14.000 millones de euros al año.

Por eso, la Autoridad Fiscal aboga por una reforma de la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar el ámbito, desarrollar los principios de establecimiento y concesión, exigir mayor detalle en la justificación del importe y la actividad de los beneficiarios de las subvenciones directas, así como su rendición de cuentas.