Economía

Bruselas propone un embargo al carbón ruso en las nuevas sanciones contra Rusia tras la masacre de Bucha

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Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un embargo a la importación de carbón procedente de Rusia, como parte de la nueva ronda de sanciones europeas por la masacre de civiles en Ucrania. Entre las medidas, se encuentra por primera vez sanciones al sector de la energía rusa, aunque por el momento Bruselas no propone tocar el gas, ni el petróleo ruso, por las diferencias existentes entre los Veintisiete.

En una intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo que llega después del hallazgo de más de 400 cadáveres en la localidad de Bucha, la conservadora alemana ha anunciado una nueva tanda de medidas para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania. Von der Leyen ha defendido que la medida supondrá un impacto de 4.000 millones de euros al año correspondientes al valor de las importaciones anuales de carbón de Moscú a la UE, una partida que supone una importante fuente de ingresos para Rusia.

La propuesta va en línea con lo planteado por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se ha celebrado en Luxemburgo, en la que ha desvelado que el quinto paquete de sanciones contempla «sanciones que afectan al sector energético, principalmente al carbón». Ante las reticencias de países como Alemania o Austria que consideran que no es momento de vetar el suministro de gas ruso, Bruselas ha asegurado que ya trabaja en más sanciones que atañen a la importación de petróleo y se basará en las ideas planteadas por los Estados miembros.

Asimismo, Bruselas ha afirmado este martes que prohibir las importaciones de petróleo de Rusia es «definitivamente una opción» para responder a las «atrocidades» de las tropas de Moscú en Ucrania, aunque añadió que es necesario lograr el «consenso» entre las capitales del bloque para adoptar esta medida. «En lo que respecta a la Comisión Europea, prohibir la importación de petróleo, es definitivamente una opción, pero tenemos que lograr el consenso sobre esto entre los Estados miembros. Las discusiones están en marcha y proseguirán también hoy», aseguró Dombrovskis.

Bancos y puertos rusos

La quinta ronda de sanciones amplía las restricciones al sector bancario ruso, con una prohibición a las transacciones de cuatro bancos clave, incluido VTB, el segundo mayor del país, una medida con la que Europa busca debilitar al sistema financiero ruso a través de un castigo que afectará al 23% de la cuota de mercado en el sector bancario ruso, según apuntó la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Igualmente, Bruselas propone dar un paso adelante y fijar un veto a la entrada de barcos rusos a los puertos de la UE, extendiendo así un veto que ya existe en el campo del transporte aéreo. Las excepciones a esta sanción implicarán a los servicios esenciales como la exportación de productos agrícolas y alimentación, ayuda humanitaria y energía. La Comisión Europea plantea vetar también a los operadores del transporte por carretera de Rusia y Bielorrusia, una medida que limitará «drásticamente» las posibilidades de que la industria rusa tenga acceso a determinados bienes, según ha explicado Von der Leyen.

Las sanciones también afectarán a las exportaciones rusas en áreas en las que es más vulnerable, como computación cuántica, semiconductores, maquinaria sensible y equipos de transporte que infligirán un daño en la economía rusa de 10.000 millones de euros y «degradarán la capacidad tecnológica rusa», según Von der Leyen.

Pero no sólo eso, Bruselas platea prohibir las importaciones de determinados productos de Rusia, como madera, cemento o los licores, para cortar el flujo de dinero entre Moscú y los oligarcas rusos, en una serie de sectores que movilizan 5.500 millones de euros anualmente. Por último, la Comisión Europea quiere prohibir la participación general de empresas rusas en la contratación pública de los Estados miembros y la exclusión de todo apoyo financiero, sea europeo o nacional, a los organismos públicos rusos.

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