Bruselas no publicará el polémico informe de Deloitte que motivó la resolución de Banco Popular

La Junta Única de Resolución (JUR), el organismo encargado de realizar las intervenciones bancarias en Europa, ha anunciado que no va a hacer público el polémico informe realizado por Deloitte y que motivó la resolución del Banco Popular, al estimar unas pérdidas de hasta 8.200 millones de euros. La excusa que pone este organismo comunitario es que el citado documento contiene información confidencial.

Así lo ha indicado de la presidenta de la JUR, Elke König, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Ha sido su primera comparecencia pública tras la resolución de Banco Popular y su posterior venta a Banco Santander al precio simbólico de un euro, operación que se saldó con la amortización a cero de las acciones de la entidad, así como también de sus instrumentos híbridos y de su deuda subordinada.

La gestión de König ha sido muy criticada porque días antes de la intervención del Popular filtró a medios de comunicación que la entidad financiera entonces presidida por Emilio Saracho estaba siendo analizada por parte del organismo europeo, lo que acrecentó las dudas sobre la viabilidad del banco y alimentó su sangría bursátil.

Preguntada por esta cuestión, la política alemana ha reiterado que ella nunca ha hablado de ningún banco en particular: «me molestó mucho (…) francamente no hemos sido indiscretos, nunca hemos hablado de entidades en concreto».

König ha manifestado que «nadie está contento» con la resolución de una entidad, «y más si implica que los accionistas y bonistas pierden íntegramente su inversión», pero ha reiterado que la resolución y venta a Santander fue la opción «más adecuada» al no suponer un coste para los contribuyentes y garantizar la estabilidad financiera.

«La resolución de Banco Popular fue realmente exitosa, no tuvimos un contagio al sistema financiero y no se utilizaron fondos de los contribuyentes», ha asegurado la presidenta de la JUR, tras insistir en que la operación demuestra la «eficacia» del esquema europeo de resolución.

No obstante, la presidenta del JUR ha anunciado que los legisladores europeos van a realizar modificaciones al modelo de resolución bancaria en la próxima revisión de la directiva comunitaria. Especialmente en relación con la recapitalización cautelar de Monte dei Paschi di Siena con 5.500 millones de euros y el rescate de 17.000 millones de euros de los bancos vénetos.

Para König, la normativa debería contemplar la posibilidad de aplicar una recapitalización interna (bail-in) completa en la que los bonistas senior de una entidad también podrían ver comprometida su inversión.

Además, la dirigente comunitaria ha defendido la diferente forma de actuar en el caso de las entidades italianas respecto al caso español indicando que se aplicó el mecanismo de resolución en el caso de Banco Popular dado que su quiebra comprometía el interés público, una situación que no se producía en el caso de Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca, cuyo tamaño era menor al de la entidad española.

Ante la posibilidad de que Popular dispusiera de más garantías (colateral) para lograr una mayor liquidez que le permitiera hacer frente a las salidas de depósitos –un hecho que ha corroborado el Banco de España– König se ha limitado a señalar que la JUR fue informada por los supervisores españoles de que el banco no disponía de la liquidez suficiente para abrir sus oficinas el pasado miércoles 8 de junio.

Fuentes cercanas al anterior equipo gestor de Banco Popular aseguran que la entidad presentó al Banco de España garantías por importe de 40.000 millones de euros en activos por las que se le concedió una línea de liquidez de 3.800 millones de euros dos días antes de su resolución.