Bruselas multará a España por incumplir la reforma de los interinos: «Hay un 30% de temporalidad»

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 22/09/2024 06:45
  • Actualizado: 26/09/2024 02:54

Bruselas multará a España cuando finalice el año porque, «de ninguna manera se habrá cumplido» con la reforma de los contratos interinos que exigieron. Dentro de la Administración General del Estado hay más de un «30% de contratos que no son asimilables para Europa», aseguran los representantes sindicales de los funcionarios, «y deberíamos terminar el año en, como máximo, un 8%». Es decir, seguirá «sin resolverse la problemática de los contratos precarios dentro de la propia Administración».

Los diferentes sindicatos no entienden «que la Administración no haya tomado medidas para evitar esa precarización de los contratos públicos». Es «un asunto», nos dicen, «que Escrivá no ha abordado como se debía».

Lo cierto es que el hasta ahora ministro encargado de la Función Pública, José Luis Escrivá, solo atendió a los sindicatos «una vez en enero», y «nunca» volvieron a saber nada. «Ya nunca más», resumen.

El Gobierno «tiene que sentarse a negociar», y en ese sentido, confían en que con Óscar López al frente del ministerio de Transformación Digital y Función Pública, se ponga «el foco en este asunto». Es una nueva oportunidad de dialogar y ya han tenido una primera toma de contacto.

En los últimos «ocho meses no se ha avanzado nada», ni en términos de mejora de la temporalidad ni tampoco de las «propias condiciones laborales». Además, también hay que «implementar mejoras en los servicios públicos que reciben los ciudadanos», y nada de esto se ha atendido.

Multa de Bruselas

De hecho, el problema viene precisamente por ahí. En julio la Comisión Europea abrió expediente a España por la temporalidad y el elevado número de interinos dentro de la Administración Pública. 30% de temporalidad y más de 750.000 interinos, además de los que cuentan con contratos de menor duración y que se prorrogan una y otra vez -lo que el tribunal europeo considera también una ilegalidad-.

Con esos datos, Bruselas abre expediente a España en julio y ahora, al acabar septiembre, debería de enviar un dictamen motivado pero, como ha podido saber OKDIARIO, esto no ocurrirá hasta noviembre. Por dos razones, nos cuentan: la Comisión tiene en octubre una agenda complicada y está aterrizando pero, sobre todo, porque darán una prórroga a España.

Lo cierto es que según todos los sindicatos es imposible que España alcance el 8% de temporalidad en tres meses, con lo que ese dictamen motivado va a «llegar igualmente».

«El problema», según trasladan los propios sindicatos, «es la tasa de reposición, que está en el 10%». Hay plazas -cerca de 7.000- sin cubrir dentro de la administración y, aunque se han convocado más de 40.000 nuevos puestos, sigue sin ser suficiente, porque «en los próximos 10 años se va a jubilar la mitad de la Administración General del Estado».

La salida de la generación del baby boom de la administración es algo que se está cubriendo con «contratos en precario», mientras no se «aborda el verdadero problema que es, en efecto, la tasa de reposición». «Entra un médico por cada diez que se marchan».

Aprobación de los presupuestos

Las reformas necesarias requerirían unos Presupuestos Generales del Estado para los que los representantes de los trabajadores públicos no tienen una gran esperanza.

El próximo jueves vuelve a intentarse aprobar un techo de gasto más elevado, que permitiría incrementar ciertas partidas, pero los últimos fracasos del Gobierno con las votaciones del Congreso no traen «buenos augurios». Además, critican con dureza los acuerdos alcanzados para el concierto económico en Cataluña. «Es absolutamente insolidario», remarcan, «y la falta de esa solidaridad se traducirá en peores servicios públicos en otras comunidades autónomas».

Con todo esto sobre la mesa, y aunque hablarán con el ministro López para ello, equiparar «los salarios de las distintas administraciones» parece complicado de lograr. «Y es una pena, además de muy injusto», dicen, «porque los peor pagados son los de la Administración General del Estado».