El BCE levanta el secreto a los inspectores de Banco Popular para que declaren en la Audiencia Nacional
El Abogado General de la UE pide tumbar las demandas de los afectados por la quiebra del Popular
El juez cita a los supervisores del BCE en Banco Popular y pide suspender su inmunidad
La instrucción del sumario del Banco Popular tendrá su traca final: el Banco Central Europeo (BCE) ha aceptado levantar la inmunidad y el deber de secreto de sus inspectores para que declaren los próximos 14 y 16 de diciembre ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Esta declaración será clave para que el magistrado decida a quién manda al banquillo para que sea juzgado.
Calama había dictado un auto el 26 de octubre en el que citaba a los inspectores Ignacio Pardo y Carlo Giorgis, pero necesitaba que el Mecanismo Único de Supervisión del BCE les levantara la inmunidad y la obligación de guardar secreto profesional sobre las inspecciones; en caso contrario, no podrían aportar nada a la causa y su declaración no tendría sentido. Ante la falta de respuesta del supervisor europeo, el juez insistió al BCE el 30 de noviembre, y ahora ha recibido el visto bueno a su petición.
Con esta dispensa para saltarse su deber de secreto, los citados inspectores podrán contar la verdadera situación del Popular. Hay que recordar que justo antes de la resolución, el BCE hizo una revisión completa de los inmuebles del banco en la que concluyó que había un fuerte déficit de provisiones (que Saracho pretendía cubrir mediante una ampliación de capital tras fracasar en su intento de vender la entidad, pero se quedó sin tiempo por la salida masiva de liquidez.
Claro que admitir estos graves problemas de solvencia puede dejar al propio BCE y, sobre todo, al Banco de España, en una situación muy comprometida. Si el supervisor era consciente de ese agujero en el balance del Popular, ¿por qué no hizo algo antes para solucionarlo en vez de permitirle dar patadas adelante hasta que la situación se hizo insostenible? El Banco de España supervisó al Popular hasta 2014 (incluyendo la ampliación de capital de 2012 cuando suspendió los test de estrés), y el BCE se hizo cargo de las competencias en los tres últimos años de vida de la entidad.
La instrucción, a punto de cerrarse
Esta declaración será el último acto -salvo que Calama requiera nuevas aclaraciones o dé la oportunidad de los imputados de refutar a los inspectores- antes del cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral. Todo apunta a que sentará en el banquillo al expresidente Ángel Ron por el presunto falseamiento de las cuentas del banco en la ampliación de capital de 2016.
La duda es si hará lo propio con Emilio Saracho, al que algunas acusaciones ligadas al propio Ron acusan de hacer caer el valor del banco en Bolsa difundiendo noticias falsas, algo que han desmentido diferentes testigos.
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