Báñez acepta subir un 3% las cotizaciones más altas a cambio de aumentar las pensiones máximas
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, está dispuesta a subir un 3% las cotizaciones sociales de los salarios más altos siempre que esta medida se acompañe de un incremento de las pensiones máximas. La medida serviría para incrementar la recaudación de la Seguridad Social al mismo tiempo que se evitaría perjudicar a los empleados que más contribuyen al mantenimiento del sistema de protección social.
Según ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno es partidario de elevar la base máxima de cotización a la Seguridad Social un 3% para aumentar los ingresos y avanzar en el cumplimiento del objetivo de déficit público para 2017, que es del 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Esto supondría que la base máxima se elevaría desde los 3.642 euros mensuales hasta los 3.751 euros.
Sin embargo, la condición que pone el departamento que dirige Fátima Báñez para aprobar esta subida es acompañarla del denominado “destope”, tanto en la cuantía de las bases de las cotizaciones a la Seguridad Social como en la renta mensual que perciben los pensionistas. De esta forma los salarios más altos pagarán más a la Seguridad Social pero también ingresarán más cuando los trabajadores se jubilen.
Esta propuesta del Gobierno puede ser bien recibida desde las filas del PSOE, ya que el partido que ahora dirige la gestora defiende la necesidad de aumentar las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores. De una forma u otra el Gobierno debe aumentar el dinero que hay en la caja única de la Seguridad Social para financiar las pensiones. Por ello ha decidido volver a impulsar la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, ya que el sistema concluirá 2016 con un déficit del 1,7% del PIB, equivalente a unos 18.000 millones de euros.
De hecho, este jueves el Ejecutivo ha tenido que volver a sacar dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la denominada hucha de las pensiones) para hacer frente a la paga extra de Navidad. En concreto ha retirado 9.500 millones de esta herramienta creada para financiar las pensiones en las épocas de déficit (como la actual). Quedan casi 16.000 millones de euros, lo que supone que se acabará al final de 2017 si no se adoptan medidas como la anteriormente citada.
Otra de las iniciativas que defiende el departamento ministerial que dirige Fátima Báñez es financiar los 24.000 millones de euros anuales de las pensiones de viudedad y orfandad a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero sin crear un nuevo impuesto. Hace poco más de un año el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya apuntó la posibilidad de que estas pensiones se dejaran de pagar mediante cotizaciones sociales, como se hace ahora, perdiendo su carácter contributivo.
Sn embargo, en la actualidad es inviable realizar esta reforma de una sola tacada, porque financiar con cargo a los PGE estas pensiones generaría un impacto inasumible para las cuentas públicas. Por ello el Gobierno considera que modificar el sistema para que las pensiones de viudedad y orfandad ya no se sufraguen mediante las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores será algo que se realice de forma “progresiva”. En todo caso los pensionistas no tienen de qué preocuparse, ya que cobrarán igual, sea quien sea el organismo público que realice los pagos.
A este respecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha indicado que “lo razonable es que la política de empleo se financie con la imposición general y ahora que las cosas empiezan a ir mejor podemos liberar a la Seguridad Social de ese gasto para mantener unas pensiones estables, seguras y dignas”.
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