Afiliación a la Seguridad Social de julio: un espejismo para no celebrar

El número principal tiene su impacto: los 19,59 millones de afiliados a la Seguridad Social de julio marcan un nuevo máximo histórico, 0,3% por encima del pico anterior, de julio de 2019. Sin embargo, “huele raro” teniendo en cuenta el contexto económico general. Primero porque ahora hay un 3,1% menos de empresas que hace dos años. Eso son 42.337 firmas menos.

Si tenemos en cuenta que, de media, cada compañía tiene unos 14 trabajadores, las empresas que faltan se llevaron con ellas unos 590.000 puestos de trabajo. Una forma obvia de cerrar este círculo son los 331.500 asalariados que estaban en ERTE al final de julio. Gente que no está trabajando, pero que está contada como “ocupada”. Además, ahora se cuentan 228.600 empleados públicos más que hace dos años (+8,9%). Estos dos elementos, que suman 560.100 empleos, bastan para concluir que el máximo histórico que muestran las estadísticas oficiales es un espejismo.

Otra forma de ver lo mismo es restringir el análisis a los asalariados del sector privado. Los poco menos de 13,1 millones de julio (excluyendo a quienes están en ERTE) son casi 531.000 menos que los se contaban en el mismo mes de 2019. Cifra que cuadra con los empleos que faltan por la reducción del número de empresas.

Si el máximo histórico fuera real, no habría ahora 405.000 parados más que en julio de 2019 (+13,5%). Ni se hubieran firmando un 11% menos de contratos indefinidos ni un 16% menos de contratos temporales. En total, en julio pasado se firmaron 341.300 contratos menos que en igual mes de 2019.

La realidad es que el empleo no se ha recuperado del golpe de la pandemia. Y no se ha recuperado porque el conjunto de la economía tampoco lo ha hecho. El PIB del segundo trimestre, según datos de avance recién conocidos, fue un 6% inferior al del mismo período de 2019. El consumo privado es un 3% menor, la inversión en vivienda un 17% inferior, las exportaciones de servicios (donde está el turismo) un 47% más bajas y así podríamos seguir con cada componente de la demanda. Con una excepción: el consumo público, que ha subido un 5,5%.

Lo preocupante es que el gobierno carece de un plan de crecimiento económico. Todo se fía a la vacunación, el aumento del gasto público y la llegada de los fondos europeos (el nuevo “Plan E”). El problema del enfoque oficial es doble: primero, porque se va deteriorando la situación de fondo de la economía y, segundo, porque eso no alcanza para lograr un crecimiento autosostenido.

Cada mes que pasa la deuda pública es mayor y alcanza nuevos máximos que, en este caso, sí son reales. La vulnerabilidad de las cuentas públicas a una subida de los tipos de interés (que tarde o temprano, llegará) es creciente. Al mismo tiempo, la productividad laboral cae, casualmente, desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa y es ahora similar a la de 2012. Y como los costes laborales han aumentado, producir en España resulta hoy un 5,5% más caro que hace tres años.

Tenemos un sector público crecientemente endeudado y una economía que pierde competitividad. La respuesta del gobierno es un debate entre las, supuestamente, ministras más sensatas acerca de cuánto corresponde subir el salario mínimo, que se suma a la continua amenaza de derogar la reforma laboral y la casi certeza de que, luego de doce subidas o creaciones de impuestos, en 2022 habrá otras más.

Los espejismos tienen dos problemas. Uno es que están en los desiertos, terreno hostil para la supervivencia humana. El otro es que, al final, siempre se descubre que no tienen agua. Por eso, recomendaría no celebrar el espejismo que nos traen los nuevos datos de afiliación a la Seguridad Social.