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Economía
EN EXTREMADURA

Adiós a los okupas en ésta comunidad de España: la solución que llega para cambiarlo todo

La Junta de Extremadura ha tomado una decisión drástica con los okupas en España

La Junta de Extremadura, presidida por el Partido Popular, ha tomado una decisión drástica con los okupas que puede suponer un punto de inflexión en España. Esta comunidad ha confirmado que, a partir de las próximas semanas, ofrecerá abogados gratuitos a las personas que sean víctimas de los okupas dentro del territorio. Consulta todo lo que debes saber sobre esta decisión con los okupas en Extremadura que puede ser seguida por los políticos del resto de España.

El Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez va a dejar a España sumida en múltiples problemas y uno de ellos tiene que ver con la okupación. Pese a que desde La Moncloa se empeñen en quitar hierro a este mal que asola al país, los números son la prueba del algodón perfecta. En el pasado año 2024, las okupaciones repuntaron un 7,4% hasta los 16.426 delitos de allanamiento y usurpaciones de inmuebles que se denunciaron ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, Cataluña lideró la okupación en España con 7.009 casos, un 42% del total de los hechos que se denunciaron. Por lo que respecta a la comunidad autónoma de Extremadura, se registraron 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes. Ante esta situación, la Junta de Extremadura, presidida por María Guardiola, ha tomado una decisión que puede ser seguida en el resto del país.

La decisión de Extremadura con los okupas en España

La Junta de Extremadura confirmó hace unos días que, a partir del próximo mes de julio, pondrá abogados gratuitos a las víctimas de la okupación que residan dentro de la comunidad. Estos letrados ofrecerán asistencia en horario de mañana y tarde de forma presencial, telefónica o por correo electrónico. Con esta iniciativa se pretenden dar facilidades a los propietarios que sufren la okupación y que en muchas situaciones se ven inmersos en líos burocráticos para sacar a los delincuentes de las casas.

«La Junta de Extremadura y los colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes un convenio de colaboración para orientación y asistencia profesional a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda», informó el Gobierno de Extremadura a través de un comunicado en el que también dejó claro que: «Prestarán asistencia urgente o de primera necesidad a las personas afectadas, de modo que puedan emitir criterios de respuesta eficaz e inmediata a quienes soliciten la prestación del servicio».

«Esta medida es un compromiso del Gobierno presidido por María Guardiola para defender los derechos de las familias, y que no se va a poner de perfil ante un problema que, solo el pasado año, afectó a más de un centenar de ciudadanos extremeños», informó el consejero Martín Castizo, que también confirmó que esta medida entrará en vigor en el mes de julio, una semana después de confirmarse la ley a través de los boletines oficiales. «La ocupación ilegal provoca inseguridad en la población, además de distorsiones en el mercado de la vivienda», informó.

Esta medida de Extremadura llega meses después de que, gracias al PNV y Partido Popular, se introdujera una enmienda en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) pasen a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales. Por ello se agilizarán los procedimientos para que estos juicios se celebren en un plazo máximo de 15 días.

Esta modificación de la ley no afecta a la inquiokupación, que es la práctica de moda utilizada por las personas que dejan de pagar el alquiler y siguen okupando la vivienda amparada por las últimas políticas laxas aprobadas por el Gobierno en beneficio de las personas que están en situación de vulnerabilidad.