Los accionistas mayoritarios de BPA demandan al Gobierno de Andorra por “destruir el banco”

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno del Principado y el organismo encargado de supervisar el sistema financiero del país (el INAF) por los daños ocasionados tras la intervención de la entidad por presunto blanqueo de dinero sin haber respetado la presunción de inocencia. La familia Cierco reclama a las autoridades 364 millones de euros y se reserva el derecho de futuras reclamaciones en los tribunales.

Según ha podido saber OKDIARIO, los accionistas mayoritarios han presentado una demanda judicial que denuncia “los reiterados incumplimientos de los deberes y obligaciones del Gobierno de Andorra y del INAF antes y después de que se produjera la publicación de la nota del FinCEN”; en referencia al comunicado emitido por el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos, en la que acusaba a BPA de participar y amparar el blanqueo de capitales.

Tras esta nota, el Gobierno de Andorra intervino el banco, sin embargo, ahora la investigación se ha cerrado en falso tras un año de trabajo de un centenar de auditores de PwC. El organismo norteamericano desiste así ante la falta de pruebas que confirmen los delitos de los que se acusaba a la entidad financiera. Este escándalo hizo temblar los cimientos del Principado, que ha dejado de ser un plaza financiera de referencia internacional.

Ahora, los accionistas mayoritarios apuntan en su demanda que ha habido “negligencia” por parte de las autoridades andorranas, dejando claro que, tanto el Ejecutivo como el organismo supervisor, “han actuado de una forma coordinada en la generación de daño a BPA y sus accionistas”. Los denunciantes critican que el Gobierno “se intente escudar en la actuación del FinCEN para eludir su responsabilidad”, ya que “a día de hoy no hay ninguna sentencia firme contra BPA” y el Departamento del Tesoro norteamericano “no ha impuesto ninguna sanción una vez retirada su nota”.

El Tesoro de EEUU recurrió a la sección 311 de la célebre Patriot Act para acusar a BPA de lavar dinero procedente de actividades delictivas. Tal como ha publicado OKDIARIO, esta sección se aplica sin que haya ningún tipo de intervención judicial por parte de las autoridades norteamericanas. Es un instrumento discrecional y arbitrario que destruye a las entidades financieras sobre las que se aplica, sin poder preservarse el más fundamental derecho de presunción de inocencia, tal como ha sucedido en el caso de BPA, según denuncian los accionistas.

La cantidad que reclama la familia Cierco, los citados 364 millones de euros, es el equivalente al porcentaje de acciones que ostenta en BPA (del 75,5%) y se ha calculado en función de “la valoración del banco más conservadora de las dos que se anexan en la demanda”. En el documento se incluyen dos informes económicos independientes que valoran el grupo en 482,8 millones de euros y 496,4 millones, respectivamente. Las firmas que han elaborado estas valoraciones son Tracis y Gran Thornton Advisory con datos de cierre de 2014.

En la demanda tambíen se cuestiona la aprobación de la Ley 8/2015, conocida también como “Ley BPA” o “Ley del AREB” por “conducir a la destrucción de BPA sin plantear soluciones alternativas y que en otros casos, en todo el mundo, se han dado”. Esta norma es objeto de crítica jurídica por vulnerar varios artículos de la Constitución de Andorra y sirvió a las autoridades para liquidar la entidad.

Los accionistas indican que, más allá del perjuicio económico,  también han “sufrido un daño moral y reputacional”, cuya “reparación no descartan solicitar más adelante”. Los demandantes “se reservan el derecho de actuar contra todos los miembros del consejo de administración del INAF” y, especialmente, contra su directora general, María Cosan, “de la que habrá que analizar un eventual comportamiento ilícito penal dada su condición previa de auditora responsable en Andorra de la firma KPMG, que durante varios ejercicios analizó debidamente BPA sin advertir ninguna anomalía destacable”.