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Economía
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Acciona usó el mismo método que con Cerdán para lograr un contrato de 297 millones en la época de Zapatero

Acciona pagó en 2007 y 2014 a otra constructora que no aportó nada en las obras: detrás estaba la mujer del jefe de Acuamed

Acciona ya utilizó la maniobra ahora descubierta por la UCO en el caso de Servinabar y Santos Cerdán en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007. Ese año, y según un informe que la Agencia Tributaria envió al entonces juez del caso Acuamed, Eloy Velasco, Acciona Agua pagó a una empresa un porcentaje del contrato que ganó para construir la desaladora de Torrevieja por 297 millones sin haber hecho ningún trabajo, como denuncia Hacienda en el informe.

Según la Agencia Tributaria, la empresa socia de Acciona Agua no tenía infraestructura ni actividad para realizar los supuestos trabajos pagados por la constructora que preside José Manuel Entrecanales desde 2004. Hacienda acredita que esos pagos llegaban posteriormente a una sociedad de un ex socio del entonces director general de Acuamed, Adrián Baltanás, y de la mujer del directivo de esta empresa pública que daba las puntuaciones de los concursos.

Es el mismo modus operandi descubierto ahora por la UCO en el caso de Servinabar y Santos Cerdán. Acciona pagó a Servinabar un porcentaje de varias obras adjudicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez sin que aportara nada: un empleado, el cuñado de Cerdán. El dinero acababa en manos del ex número dos del PSOE y su entorno.

El informe de Hacienda -fechado en abril de 2016- desvela facturas y pagos de Acciona Agua a la empresa Grupo Inversor G2, de la familia catalana Gumma. Como muestra el gráfico incluido por la Agencia Tributaria en el informe, el dinero que pagaba Acciona del contrato de la desaladora de Torrevieja acababa en empresas donde uno de los socios era Alberto Herreras, ex socio de Baltanás, y en APG, sociedad cuya administradora era Noemí Hernáez, esposa del directivo de Acuamed que daba la puntuación de los concursos, Fernando Troyano.

Según explica la Agencia Tributaria, los trabajos que justificarían esas facturas no se admiten, y, por tanto, no acepta las deducciones por IVA de esas facturas por dos razones, apunta Hacienda: primero, «falta de estructura e inactividad de las sociedades Atabiros, Jescar y Prhido»; y segundo, «falta de justificación de los servicios recibidos de estas tres sociedades por Grupo Inversor G2».

Además, el informe desvela que hubo otro pago por parte de Acciona Agua a Grupo Inversor G2 en 2014, de 685.000 euros, que posteriormente hace un pago a la sociedad Prhido de 615.000 euros.

En 2014 el Gobierno había cambiado y el presidente del Ejecutivo era Mariano Rajoy. Pero el PP mantuvo como director general de Acuamed a Carlos Massa, nombrado por el PSOE en 2009 -sustituyó a Baltanás-.

Massa dejó el cargo en enero de 2016 a Arcadio Mateo, que sí está inmerso en un proceso judicial por supuestamente inflar el precio de las obras para beneficiar a algunas constructoras, entre ellas Acciona.

Se da la circunstancia de que, diez años después de iniciadas las investigaciones por la UCO y la Audiencia Nacional, todavía no se ha demostrado que los precios de las obras se hayan realmente inflado, ni que Mateo se haya enriquecido. Sin embargo, el informe de Hacienda que señalaba a los gestores de Acuamed nombrados por el PSOE se guardó en un cajón y no se investigó.

El juez que inició el caso, Eloy Velasco, no ordenó ninguna diligencia. Y la entonces fiscal del caso, Inmaculada Violán, que dejó la investigación poco antes de que finalizara la fase de instrucción, tampoco pidió ninguna diligencia para tratar de averiguar estos pagos.

Se da la circunstancia también de que los dos únicos directivos que han sido desimputados en el caso Acuamed por los jueces en la fase de instrucción han sido dos de Acciona. Uno de ellos es Justo Vicente, que ahora vuelve a aparecer en el caso Servinabar y Santos Cerdán.