Sánchez se apropia del crecimiento del PIB y del empleo de 2018 en su discurso de adelanto electoral

«Hemos consolidado el crecimiento económico en España en 2018, un crecimiento robusto, por encima de la media de la Unión Europea». Con éstas palabras ha ‘vendido’ el presidente Sánchez que su Gobierno es el responsable de que la economía española haya crecido el año pasado un 2,5%, medio punto menos que en 2017 pero por encima de la media europea -Italia está en recesión-.

La realidad es que España lleva creciendo por encima de la media europea varios años y que Sánchez formó Gobierno en julio por lo que solo ha estado seis meses del año al frente del Ejecutivo. Todos los expertos económicos señalan que la economía no cambia en seis meses, sino que se trata de medidas que tienen efecto con el paso de un periodo de tiempo superior. En definitiva, que Sánchez se subió a un tren a máxima velocidad que no puede girar, para bien o para mal, en poco tiempo.

Lo mismo se puede decir del empleo. Sánchez también ha ‘sacado pecho’ de que la creación de empleo en España haya sido similar a la de años anteriores, cuando gobernaba el PP. Sin embargo, de nuevo el símil del tren a máxima velocidad sirve para este mercado: las medidas del PP cuando llegó al poder en 2012 no se empezaron a notar en la economía y en el empleo hasta bien entrado 2013.

Pensiones

Además, el presidente del Gobierno ha ‘vendido’ como propio también la «garantización del poder adquisitivo de las pensiones», algo que ya pactó el PP con el PNV en sus últimos presupuestos y elevar las pensiones un 1,6%, por encima de la inflación -un 1%-. Con Sánchez, y pactado con el resto de partidos, se ha ligado la revalorización de las pensiones con el IPC.

Y también se repite este argumento en la subida del salario de los funcionarios, que también fue acordada por el anterior Gobierno en marzo de 2018 tras el pacto con los sindicatos. Sánchez cumplió ese pacto.

Lo que sí es atribuible a Sánchez es la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta 900 euros. Algo que ha sido criticado por organismos internacionales y nacionales por el efecto negativo que tendrá sobre el empleo.