Uno de cada 3 nuevos parados en la Comunidad Valenciana procede de la regularización masiva de Sánchez

Una de cada tres personas que se han incorporado al desempleo en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de agosto proceden del proceso extraordinario de regularización masiva y exprés de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez, según los datos aportados este miércoles por la vicepresidenta primera del gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

En cifras, de las 5.847 personas que se han incorporado al paro en agosto, un total de 1.958 proceden del proceso extraordinario de regularización, lo que representa, en términos porcentuales, el 33,5% del incremento del desempleo en ese mes. Un factor que, según ha explicado la vicepresidenta, «debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar y financiar los recursos de los servicios públicos de empleo».

Según datos de Labora, un total de 11.353 personas se han inscrito como demandantes de empleo en los espacios Labora desde el inicio del proceso de regularización antes citado. Y, de ellos, 6.593 figuraban en situación de desempleo el pasado 31 de agosto.

Estas cifras evidencian el fuerte incremento mostrado desde el pasado abril, cuando las personas paradas procedentes del proceso de regularización eran 33. En mayo, esa cifra ascendió hasta 169. En junio, alcanzó los 1.237; en julio, los 4.653 y, en agosto, los 6.593 antes citados.

Esas 6.593 personas desempleadas procedentes del proceso de regularización representan ya el 10,7% del total de extranjeros en situación de desempleo Y, también, el 2,2% del conjunto de los desempleados en la Comunidad Valenciana.

En torno a esta cuestión, Susana Camarero ha recordado que, si bien la política migratoria constituye una competencia estatal, sus decisiones guardan un impacto directo sobre los servicios públicos. Un ámbito cuya gestión sí corresponde en buena medida a las autonomías.

En este sentido, Susana Camarero ha advertido que la política migratoria debe ser «ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida». Y ha reclamado que decisiones de la magnitud de esa regularización se adopten «con diálogo» con las autonomías.

Susana Camarero, además, ha reclamado al Gobierno de España que debe asumir la financiación necesaria para atender el incremento de la demanda que se ha experimentado a consecuencia de la regularización extraordinaria: «Necesitamos recursos para poder ofrecer a estas personas una respuesta adecuada: talleres de empleo, cursos de formación, personal orientador e intermediación laboral».

También, Susana Camarero ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez «no puede aprobar una medida como esta de espaldas a las comunidades autónomas, cuando se está demostrando que tiene un impacto directo sobre los servicios públicos, y pretender que seamos nosotros (las autonomías) quienes asumamos solas el coste de esa nueva demanda».

La vicepresidenta del Consell ha sentenciado que «la improvisación y la falta de previsión de las consecuencias de las medidas adoptadas terminan colapsando los servicios públicos de las comunidades frente a la indiferencia del gobierno».

Susana Camarero ha recordado que la Generalitat Valenciana ya ha reclamado al Gobierno una financiación extraordinaria para reforzar la capacidad de atención de Labora. Sobre todo, en materia de orientación, formación e intermediación laboral, pero que sigue sin que el ministerio le conteste.