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El Defensor del Pueblo valenciano Angel Luna ha instado a la Consejería de Educación de la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig, cuyo titular es Vicent Marzà (Compromís), a adoptar «sin más dilación» las medidas necesarias para hacer efectivo el «derecho reconocido» al personal docente en prácticas a percibir los trienios que tuviera reconocidos hasta el momento de su nombramiento como tal funcionario en prácticas.
Esa medida constituye uno de los principales motivos de reivindicación de profesionales y sindicatos. Hasta el punto, que en marzo de 2021, hace ahora un año, el Juzgado de Contencioso Administrativo Número 2 de Alicante ya falló en esa misma dirección que ahora lo hace el Defensor ante la denuncia, en este caso, de una docente.
Concretamente, según consta en la página web de la institución, la sugerencia de Luna se produce como resultado de la queja elevada al defensor valenciano por una profesora de Secundaria. Ella, tras superar una Oposición, fue nombrada funcionaria en prácticas. A consecuencia de lo que era una nueva situación administrativa, la profesora dejó de percibir los trienios y sexenios que sí había cobrado como interina. Se dirigió, entonces, por escrito, a la Consejería para mostrar su disconformidad por la nómina pero su solicitud de revisión de esa nómina no tuvo contestación, por lo que decidió recurrir al Defensor del Pueblo valenciano.
Frente al planteamiento de la profesora que presentó la queja, la Consejería de Educación argumentó la denegación de estos complementos retributivos por falta de desarrollo reglamentario de la norma para funcionarios en prácticas, según explica en la página web del síndic. Sin embargo, el defensor no sólo no comparte el planeamiento de la Consejería, sino que además atribuye la actual situación a lo que denomina «la inactividad» de la administración autonómica a la hora de desarrollar ese reglamento.
Como la resolución de la queja por parte del defensor tiene siempre el formato de recomendación o sugerencia, Luna, ahora, sugiere a la Consejería que adopte las medidas para hacer efectivo el «derecho reconocido» al personal docente en prácticas a percibir esos trienios que tuviera reconocidos hasta el momento de su nombramiento como funcionario en prácticas, como se ha dicho. Y, finalmente, da un mes de plazo a la Consejería de Marzà para que remita el informe en que manifieste la aceptación de las consideraciones que el Defensor realiza, indicando tanto las medidas a adoptar para su cumplimiento como la razones que estime para no aceptar esas recomendaciones.
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