Mañueco exige al Gobierno una comunicación «más fluída» sobre la acogida de ilegales: «Es lo razonable»
Mañueco cree que el Gobierno debería "convocar los órganos sectoriales convenientes" para tratar esta situación
El Gobierno pretende repartir 2.500 menas de los 5.500 que tutela Canarias en solitario
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que tenga una relación «más fluida» con las comunidades autónomas para tratar el fenómeno de la inmigración ilegal. El dirigente político ha recalcado, en relación al acuerdo del Ejecutivo sanchista con Canarias para el reparto de ilegales, que Castilla y León colaborará, pero ha considerado «razonable» que esa colaboración «se haga en términos de coordinación eficaz con el Gobierno de España».
Así lo ha señalado el presidente autonómico de Castilla y León durante una visita a primera hora de la mañana de este 23 de abril al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, en la provincia de Valladolid, donde este martes se celebra el día de la comunidad.
Asimismo, Mañueco ha incidido en que el Gobierno de España «hace bien» en llegar a un acuerdo con Canarias, pero ha señalado que también debería «convocar los órganos sectoriales convenientes y tener una reunión más fluida con las comunidades autónomas para hablar de esta situación».
Cabe decir que el Gobierno de España se reunió este lunes con varios representantes del Ejecutivo canario para abordar una solución a la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago. Tras el encuentro el Gobierno apostó por una proposición de ley para repartir unos 2.500 menas de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, mientras que la comunidad autónoma pidió que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil.
Así se puso de manifiesto durante una rueda de prensa tras una reunión en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de forma telemática.
«Hemos trasladado al Gobierno de Canarias es que sea una propuesta legislativa. Aquí tenemos una pequeña divergencia porque ellos entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica», dijo Torres.
El ministro opinó que la proposición de ley «es el mecanismo mejor». «En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley, es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses», expuso.
Crisis migratoria en Canarias
OKDIARIO fue testigo el pasado 13 de abril del infierno que están viviendo los vecinos de La Laguna, en Tenerife, debido a la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas tinerfeñas. Este hecho fue denunciado por residentes de distintas poblaciones locales que se agrupan en torno al barrio lagunero de Rodeo Alto, donde se sitúa un centro de ilegales abarrotado llamado Las Raíces.
Este campamento acoge a miles de inmigrantes que campan a sus anchas por las inmediaciones provocando el miedo de los lugareños con insultos, intentos de robo y palizas a jóvenes españoles. OKDIARIO recogió varios testimonios de personas que se han visto amenazadas por una problemática que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a solucionar. «Esto es un sinvivir. No puedes sacar la basura tranquilo, no puedes pasear con el niño, no puedes hacer absolutamente nada», confesó un vecino que se mostraba preocupado por el aumento de la delincuencia en la zona.
Los vecinos de La Laguna alegaron que la situación es insostenible en todo punto, pues en algunos periodos el número de inmigrantes que viven en el campamento supera al de la población local. «Este verano hubo casi 3.000 inmigrantes ilegales y la población es de 2.500 habitantes», afirmó una señora. «La sensación es de desbordamiento», aseguró otro hombre, el cual dice que «la humanidad es con todos, no sólo con ellos».
Asimismo, la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Rodeo Alto, María Inmaculada Díaz, explicó que «no pueden ser solidarios con la ilegalidad». Además, denunció que estas personas se benefician de una serie de ayudas a las que no tienen acceso los ciudadanos de Canarias. «Agilizan las ayudas para ellos, mientras que los canarios tienen problemas hasta con la Seguridad Social», dijo.