Vox pide cámaras de seguridad, policías y revisores en el bus de Palma para evitar las agresiones

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma defenderá en el próximo pleno varias proposiciones para instar al equipo de gobierno a desplegar policías en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), aumentar la densidad residencial o derogar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Las relativas a la seguridad en la EMT, han argumentado los regidores de Vox, son necesarias porque desde que el transporte público de la ciudad es gratuito han incrementado hasta los 60 millones el número de viajeros anuales, lo que en 2024 trajo consigo un aumento del 25,8 por ciento de las agresiones verbales y físicas.

Según la información publicada el pasado cinco de mayo por OKBALEARES, los conductores de la EMT sufrieron un total de 117 (+25,8%) agresiones varias durante 2024, en comparación con las 93 denunciadas el año siguiente al estallido de la pandemia (2021).

A partir del año 2022, los registros llegan a niveles no registrados nunca: 125 agresiones en 2022 (un 34,4% más que en 2021), 101 en 2023 (un 0,8% por encima de 2021) y las 117 mencionadas de 2024. El transporte es gratuito desde 2023.

En los tres primeros meses de 2025, ya se han contabilizado 25 agresiones de cualquier tipo sufridas por los conductores de la EMT, por lo que de seguir la proyección este año se volverán a superar el centenar de denuncias por agresión.

El teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antonio Deudero, vincula estos incrementos de agresividad a la gratuidad del transporte público, con el bus gratis, que ha disparado exponencialmente el número de usuarios de las diferentes líneas de la EMT.

Esto supone un «grave riesgo para la conducción» de los autobuses de la EMT, ya que pueden provocar un accidente de tráfico de «graves consecuencias», según asegura el grupo municipal de Vox..

Así, proponen realizar un estudio de los incidentes producidos en las diferentes líneas de autobuses, estudiar la posibilidad de instalar cámaras de seguridad, desplegar «aunque sea de forma aleatoria» agentes de la Policía Local en el interior de los vehículos para disuadir y actuar contra las agresiones, reconocer la autoridad de los conductores y establecer un cuerpo de 35 revisores.