Vox exige al alcalde del PP de Palma que no multe durante un año por ir al centro con coches de 26 años

El grupo municipal de Vox exigirá al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, en el pleno que se celebrará el jueves 30 de enero, que amplíe de seis meses a un año el plazo para no sancionar con 200 euros a los propietarios de aquellos vehículos de más de 25 años que circulen por las calles del centro histórico de Palma que en su integridad ha sido ya declarado Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La propuesta del partido liderado en Palma por el concejal Fulgencio Coll considera que el plazo de seis meses de moratoria sin multas, actualmente en vigor hasta finales de junio, es insuficiente para que ciudadanos y empresas puedan adaptarse a los nuevos requisitos.

Según Vox Palma, «se trata de un tiempo demasiado limitado, teniendo en cuenta las dificultades económicas y el contexto actual de transición hacia modelos más sostenibles».

El acuerdo del equipo de gobierno en minoría del PP en el Ayuntamiento de Palma que entró en vigor esta semana tras su publicación oficial, contempla una moratoria con suspensión del régimen sancionador y de infracciones de los artículos 16 y 17 de la ZBE, por razones de interés general hasta 31 de junio de 2025.

Todo ello con la finalidad de facilitar la información necesaria a los ciudadanos sobre el acceso, circulación y estacionamiento en el ámbito de la ZBE del centro de Palma, así como poder facilitar el tiempo suficiente para la inscripción en el registro municipal de vehículos que no dispongan del correspondiente distintivo ambiental de la DGT antes de la entrada del régimen sancionador y de infracciones.

Sin embargo para Vox, que tiene un acuerdo programático con el gobierno municipal del PP al que apoya desde la oposición, si una ciudad de mayor tamaño y con mejores infraestructuras como Madrid «ha sido objeto apercibimiento por parte de los juzgados en su manera de implantarse la ZBE, no podemos obviar que se daría un agravio comparativo con Palma en caso de no estimar la revisión de la misma».

Para el partido de Santiago Abascal, la ZBE de Palma tal como se ha elaborado, «perjudica enormemente a sectores económicos clave, especialmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas, trabajadores que dependen del vehículo privado y a los residentes en zonas mal comunicadas por transporte público».

En este sentido Vox considera que la normativa de ZBE de Palma «carece de la debida planificación, consenso social y económico, y no responde a las realidades específicas del tejido urbano y económico de la ciudad».

«No garantiza alternativas reales y efectivas de movilidad sostenible, y no ofrece soluciones para los sectores más vulnerables, especialmente aquellos cuya actividad económica depende directamente del uso del vehículo privado, como autónomos, transportistas o residentes en barrios periféricos».

Además la moción de Vox incide en el hecho que mientras esta situación en Madrid no se solucione, «responder a las sanciones con pliegos de descargo con los mismos argumentos con los que están tumbando todas las ZBE, no es oportuno”.

Finalmente el partido que lidera en Palma Fulgencio Coll, advierte que es importante tener en cuenta que además de los anteriores argumentos, el importe de la sanción impuesta a los infractores (200 euros) «es desproporcionado y contrario al espíritu de la ordenanza».