Varapalo del interventor de Palma a la gestión del PSOE en organismos públicos: no avala las cuentas

El interventor del Ayuntamiento de Palma se niega a dar su opinión, fiscalizar y valorar las cuentas de los cinco entes y organismos públicos municipales durante el último año de gestión del gobierno de izquierdas, encabezado por el alcalde socialista José Hila.

En concreto, el alto funcionario encargado de chequear las cuentas municipales, en este caso correspondientes a 2022, del Instituto Municipal de Deportes, la Agencia de Desarrollo Local Palma Activa, Instituto Municipal de Innovación, Patronato de la Vivienda y Patronato de Escoletas, ha realizado un informe en el que declina dar su opinión sobre las cuentas anuales de estas entidades.

Una decisión adoptada porque, como refleja en su escrito, «no hemos obtenido una base suficiente ni adecuada» de información de la empresa auditora para poder realizar esta labor de fiscalización. Una decisión, hasta la fecha, inaudita, que se ha conocido la semana previa a que las cuentas de estos organismos públicos pasen a ser aprobadas por el pleno municipal del próximo 30 de mayo.

Hay cuestiones más que llamativas en el informe del interventor en lo referente a estos entes públicos como, por ejemplo, el hecho de que además de negarse a dar su opinión, advierta de que las cuentas generales de estos organismos correspondientes al ejercicio 2021 «no pudieron ser auditadas por falta de medios personales y técnicos, además de la imposibilidad de licitar el contrato de colaboración con empresas auditoras por causas ajenas a la intervención general».

En el caso de las cuentas de 2022, el anterior gobierno municipal formalizó un contrato de servicio con la firma privada GNC para realizar las tareas de auditoría pública de cuentas de todos los organismos autónomos del Ayuntamiento.

Una vez finalizados los trabajos de auditoría por cada ente y por GNC, el pasado mes de febrero se comunicó el informe provisional, en nombre de la Intervención, y se concedió un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.

En la práctica totalidad de los casos, el interventor advierte de que a fecha de este informe emitido el pasado mes de abril, en concreto, el día 22, «no hemos recibido la contestación de los servicios jurídicos de la entidad, sobre los litigios, y cualquier otro asunto legal que pudiera afectar a la entidad. Como consecuencia, no hemos podido verificar el efecto que este hecho pudiera tener sobre las cuentas anuales».

En el caso, por ejemplo, del Patronato de Escoletas, el organismo que gestiona más de una decena de guarderías municipales, el informe del interventor advierte de toda una baterías de carencias en materia de gestión.

Así, por ejemplo, el epígrafe referente al patrimonio de este ente público recoge las aportaciones patrimoniales realizadas por el Ayuntamiento de Palma por valor de 1.309.690,16 euros, «del que no se ha recibido documentación que acredite este saldo».

Además, subraya, «no se ha podido obtener evidencia de la aportación dineraria por importe de 444.967 euros ni de las adscripciones y cesiones de activos por valor de 864.723 euros, realizadas por el Ayuntamiento de Palma» y, en consecuencia, remarca el interventor, «no hemos obtenido evidencia sobre la razonabilidad, integridad, valoración, clasificación y presentación de los mismos en los cuentas anuales auditadas».

En relación al Instituto Municipal de Deportes, la conclusión del interventor sobre las cuentas de 2022 es también demoledora: «No hemos podido verificar la razonabilidad de los ingresos registrados, así como del efectivo corte de operaciones del importe recogido en el cuenta de resultado económico patrimonial y del efecto en balance de los anticipos recibidos».

Por último, advierte de que es el consejo rector de cada uno de estos organismos públicos, el responsable de autorizar las cuentas anuales, de modo que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad.

Todo ello, de conformidad con el marco normativo de información financiera y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debido a fraude o error.