El Tribunal condena a nueve años de cárcel al juez y el fiscal que investigaron al capo Cursach

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha condenado a nueve años de cárcel al juez y el fiscal que investigaron al capo Bartolomé Cursach. Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán fueron los principales instructores del denominado caso Cursach. Fue una profunda investigación al principal empresario del ocio nocturno de las Islas, Bartolomé Cursach, que tras ser acusado de múltiples delitos, salió exculpado por obra y gracia del fiscal anticorrupción Tomás Herranz.

En la misma sentencia se imponen penas de tres años y diez meses de prisión para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, dos años y cuatro meses para el agente Iván Bandera y un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz. Absuelve al inspector jefe del Grupo, José Luis García Reguera.

El fiscal Herranz exculpó al capo Cursach y acabó pidiéndole perdón entre lágrimas por haberle acusado de un sinfín de delitos. Herranz pasó de acusar al capo Cursach a convertirse en uno de sus máximos defensores. Inculpó a los instructores de la causa contra el capo de Mallorca solicitando más de 100 años de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. La base de la acusación de Herranz contra Penalva y Subirán y otros acusados se sustentaba en la filtración a la prensa de las investigaciones que iban desarrollando los instructores.

El capo Cursach salió libre a pesar de estar acusado inicialmente de delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

Dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público

Ahora el TSJB condena al juez Manuel Penalva por un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos, en grado de continuidad delictiva, y le impone una pena de dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Además, como autor responsable de tres delitos de obstrucción a la justicia se le condena a dos años y medio de cárcel, y como autor de un delito de coacciones, a un año y medio de prisión.

El total de las penas impuestas asciende a nueve años y un día de prisión. Con todo, se fija el límite de las penas en siete años, seis meses y tres días de prisión. Del resto de delitos objetos de acusación queda absuelto.

Al fiscal Miguel Ángel Subirán se le condena como responsable de un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación.

De otro lado, como autor responsable de tres delitos de obstrucción a la justicia se le condena a dos años y medio de prisión, y por un delito de coacciones a un año y medio de prisión.

El total de su condena asciende a nueve años y un día de prisión. Con todo, también se fija el límite de las penas en siete años, seis meses y tres días de prisión, y queda absuelto del resto de delitos objetos de acusación.

La defensa de los instructores

En las últimas sesiones del juicio, el abogado de los instructores del caso Cursach, Javier Barinaga, cargó en varias ocasiones contra el fiscal Tomás Herranz, a quien acusó  de «quedarse solo como alma en pena gritando por el desierto» en sus calificaciones. También acusó a Herranz de coaccionar a declarantes en sus interrogatorios en sala.

Barinaga se refirió al mismo tiempo a autos del propio Herranz en otros procedimientos que entrarían en contradicción con sus posicionamientos en este caso.

Barinaga defendió la legalidad y el proceder de las detenciones por la ORA «entendiendo» que algunos declarantes, como imputados o como testigos, pudieran sentirse torturados en las actuaciones. «Es normal, una declaración policial o judicial no es una fiesta, son duras, pero un sentimiento no es un hecho», señaló.

La acusación

En su escrito de más 30 páginas, la Fiscalía Anticorrupción atribuyó Penalva y Subirán delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio, solicitando para ambos 118 y 121 años de prisión, respectivamente. También pedía 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalaron las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.

Además, para el Grupo de Blanqueo pedía, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, penas que sumaban más de 340 años de prisión.

A estas peticiones de cárcel se adhirieron las presentadas por los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas. En el escrito, reclamaron penas de más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascendían a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal situó entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.

El Ministerio Fiscal también describió cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones «facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información». En detalle, en el escrito se desgranaron informaciones publicadas en diferentes medios de Baleares estando la causa bajo secreto de sumario.

Además, Fiscalía sostuvo que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio «de contenido completamente inconcreto y especulativo». Indicó que tras «una muy deficiente investigación», los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.

La Fiscalía también aludió a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de «presionar y ablandarlo», y a la imputación a cada uno de varios delitos «inexplicablemente».

La Fiscalía describió siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que señala presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.