El servicio de inspección del Govern y la Policía cazan en Manacor a 30 personas hacinadas en una casa sin retrete: pagaban entre 100 y 200 euros al mes

El servicio de inspección del Govern y la Policía cazan en Manacor a 30 personas hacinadas en una casa sin retrete: pagaban entre 100 y 200 euros al mes. Durante la inspección, realizada a cabo la semana pasada, se pudo comprobar que el inmueble inspeccionado presentaba graves deficiencias de salubridad, higiene, unas condiciones de habitabilidad extremadamente deficientes, así como una grave sobreocupación. El inmueble, que estaba sobreocupado, no ofrecía condiciones óptimas ni seguras para que habitasen personas en su interior.

En esta actuación, se localizaron e identificaron en el inmueble a nueve personas, que declararon que pueden ser hasta 30 las personas que conviven en la vivienda, hacinados, habiéndose detectado 24 camas (instaladas incluso en los pasillos), y dos habitaciones cerradas con candado, no dándose únicamente la sobreocupación del espacio, sino que el inmueble carece de elementos tan básicos como un retrete.

De acuerdo a las declaraciones de las personas identificadas, a todas ellas se les cobraba por alquilar una cama en el inmueble. A falta de realizar las comprobaciones oportunas, estas personas declararon pagar diferentes cantidades que pueden situarse entre los 100 y 200 euros al mes.

La actuación conjunta del Govern y la Policía Nacional ha permitido abordar la situación desde una perspectiva multidisciplinar, combinando las funciones policiales con las competencias en materia de vivienda.

El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Vivienda de les Illes Balears, la sobreocupación de viviendas está tipificada como una infracción muy grave, la cual se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros.

A través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, el Govern tiene abierto un canal de denuncias en el portal web de la CAIB, con el que la ciudadanía cuenta con una vía para comunicar posibles irregularidades en materia de vivienda.