Sánchez sigue sin pagar un euro para la educación gratuita de 0 a 3 años que cuesta a Baleares 153 millones

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez sigue sin pagar un euro para la educación gratuita de 0 a 3 años, que cuesta a los contribuyentes de Baleares 153 millones anuales y que tienen que sostener con sus impuestos ante la indiferencia del Ejecutivo central.

En una nueva demostración de falta de compromiso con las Islas, Sánchez incumple en este arranque del curso político la promesa realizada el pasado mes de junio cuando se comprometió en Barcelona a poner en marcha un nuevo programa dotado con 175 millones de euros para el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años.

La financiación de este primer ciclo educativo era una de las cuestiones que los presidentes del PP pusieron sobre la mesa en la pasada Conferencia de Presidentes, pero a pesar de que el presidente del Gobierno hizo esa promesa, por ahora, como sucede con tantas otras cuestiones, pasa el tiempo y nada se concreta.

Y  todo ello pese a que los recursos iban a proceder del Fondo Social Europeo y se dedicarían al alumnado de familias con rentas bajas para garantizar el acceso a la educación en esta primera etapa del ciclo educativo.

La educación infantil, especialmente en este primer ciclo, constituye una etapa esencial en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, así como una herramienta clave para la promoción de la igualdad de oportunidades, la detección precoz de necesidades educativas y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Para el inminente curso 2025-2026, el Govern que preside la popular Marga Prohens tiene prevista la puesta en marcha de 11 nuevos centros públicos de educación infantil 0-3 con una capacidad global estimada de 1.700 nuevas plazas gratuitas. Y según datos oficiales, el coste total estimado para consolidar y expandir este modelo hasta el año 2027 asciende a 152,7 millones de euros.

Como remarca el PP en una iniciativa registrada en la Cámara autonómica, a pesar de este esfuerzo inversor de Baleares, resulta imprescindible contar con la implicación económica efectiva del Gobierno de España para garantizar la sostenibilidad de la misma medida en el tiempo, evitar desigualdades territoriales y lograr la plena universalización de esta etapa educativa, tal y como prevé la LOMLOE.

En concreto, el artículo 15.2 de este marco legal establece que el primer ciclo de la educación infantil tendrá carácter educativo y no asistencial, y que las administraciones públicas tendrán que aumentar progresivamente la oferta de plazas públicas gratuitas, priorizando las zonas con necesidades sociales y económicas más importantes, con el objetivo de atender la demanda existente, garantizando la calidad de la oferta y el carácter educativo de la misma».

Esta previsión normativa, recogida en una ley orgánica estatal, comporta una corresponsabilidad directa del Gobierno de España, dado que es el Estado quien establece la obligación legal de expandir esta etapa y es, por tanto, imprescindible que garantice también su apoyo económico y estructural a las comunidades autónomas, que son las responsables de llevarla a cabo sobre el territorio.

Algo a lo que el Gobierno de Sánchez sigue haciendo oídos sordos en plena guerra política contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Por ello, el Ejecutivo de Marga Prohens exige a Sánchez asignar, con «carácter inmediato, una partida presupuestaria específica para Baleares, orientada a consolidar y ampliar la gratuidad de esta etapa educativa, teniendo en cuenta las particularidades insulares y el sostenido incremento de la demanda de plazas».

Más que nada porque el Gobierno de España tiene el deber legal e institucional de establecer mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas, especialmente cuando éstas despliegan políticas públicas que afectan a derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la educación en la etapa infantil.