Prohens reclama 340.000 euros a la empresa contratada por Armengol que pagó mordidas a Ábalos y Cerdán

Francina Armengol abrió la puerta de Baleares a la empresa valenciana Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y desde entonces todo han sido problemas con la adjudicación que le dio para la construcción del nuevo hospital sociosanitario de Son Dureta, a las afueras de Palma.

La empresa investigada por la UCO por pagar una pensión mensual de 2.600 euros al exministro José Luis Ábalos, abandonó la obra tras declararse en quiebra y el Govern de la popular Marga Prohens la tuvo que volver a licitar a un precio muy superior. Todo han sido perjuicios para las Islas tras la contratación de esta empresa por la socialista Armengol. Entre ellos, una indemnización que el Ejecutivo del PP tiene solicitada en el juzgado por un importe de 338.000 euros.

Todo han sido problemas en Baleares tras la adjudicación del Govern de Armengol a la empresa valenciana Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), investigada por la UCO por pagar mordidas a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán.

Los investigadores de la UCO han descubierto que José Ruz, el empresario al frente de Levantina, mantenía una relación tan estrecha con Koldo García que utilizaban teléfonos desechables y nombres en clave para hablar de sus negocios. Una precaución que no impidió a los agentes documentar los pagos mensuales de 2.600 euros que Ruz hacía llegar religiosamente a Ábalos y a su asesor, incluso después de que ambos abandonaran el Ministerio de Transportes.

El Govern balear reclama a la empresa 338.000 euros por incumplimiento de contrato. Lo hace en un procedimiento que lleva meses judicializado. En enero de 2024 abandonaron las obras adjudicadas para la construcción de un gran centro de dependientes en el antiguo hospital palmesano de Son Dureta. Abandonaron la obra adjudicada tras presentar quiebra económica. En esta adjudicación de 10,4 millones de euros trabajaron menos de dos años y dejaron el 35% de la obra sin realizar.

Los perjuicios para Baleares son muy considerables, según las fuentes de la Administración autonómica consultadas por OKBALEARES. A los 338.000 euros que se reclaman hay que sumar un sobrecoste del 35% plasmado en el precio de la nueva licitación, que acaba adjudicándose a una UTE mallorquina por unos 6,8 millones de euros.

El valor es tan elevado, según explica la Conselleria balear de Asuntos Sociales, por dos motivos: la nueva licitación sale a concurso con nuevas normativas de seguridad y funcionamiento vigentes, que son más exigentes y más caras; y por el enorme sobrecoste inflacionista de los materiales de construcción que van a ser necesarios.

Hay más perjuicios. La nueva concesionaria, Construye Capital, mallorquina, -que ya ha empezado a trabajar para finalizar las obras que dejó colgadas Levantina Ingeniería y Construcción- ha detectado numerosos «vicios ocultos por mala ejecución».

Todo esto sin tener en cuenta el retraso que sufrirá el proyecto tras más de un año de obras paradas. Un centro sociosanitario de grandes dimensiones con 120 plazas de residencia para personas dependientes que no podrá abrir hasta entrado 2027. Todo por culpa del parón de 15 meses sin moverse un ladrillo en Son Dureta entre el abandono de LIC y el reinicio de las obras con la nueva constructora tras la liquidación del primer contrato y la adjudicación del nuevo concurso.

Una gran obra de 10,4 millones de euros que contrató Armengol acabará costando al contribuyente 17 millones. El destinatario del servicio también sale perjudicado porque el edificio no será operativo hasta entrado 2027.