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El PP justifica su decisión de impedir la derogación de la Ley de Memoria en la «deslealtad de Vox»

Prohens afirma que es una ley prescindible dado que ya existe la Ley de Fosas y la ley nacional de memoria histórica

La diputada del PP Cristina Gil ha justificado la abstención de su grupo que ha impedido la derogación de la Ley de Memoria en la ruptura de Vox y en su «deslealtad» en relación a la aprobación de enmiendas por error. «El PP siempre está abierto al diálogo, pero con el puño cerrado no se pueden estrechar las manos», ha afirmado.

Gil ha recordado que la ley estatal de memoria es más moderna y que seguiría dando respuesta a las políticas de memoria en el caso de que se hubiera derogado la ley autonómica. «Era un punto vacío de contenido», ha afirmado en relación al punto 48 del acuerdo con Vox.

Dirigiéndose a los de Santiago Abascal ha recordado a Adolfo Suárez cuando dijo que «no se puede pedir ni ofrecer lo que no se puede entregar porque se juega la propia existencia de los interlocutores».

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la sesión de control al Govern, ha justificado la abstención del PP en la derogación de la Ley de Memoria Democrática en que es una ley «prescindible», por eso, ha afirmado, su partido no votará ni a favor ni en contra de la derogación.

«Lo pensaba ayer, lo pienso hoy y lo pensaré mañana», ha señalado en el pleno del Parlament de este martes, apuntado que deja a la izquierda «los debates del pasado».

La líder del Govern ha respondido así a la diputada de UP Cristina Gómez, que ha pedido coherencia a Prohens criticando que a pesar de que no se derogue la Ley de Memoria, el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, siga en su puesto mientras está siendo investigado por un delito de odio, precisamente por un episodio relacionado con la memoria.

Prohens ha insistido en reconocer que la derogación de la Ley de Memoria no era una prioridad y ha recordado que esta medida no estaba en el programa electoral, pero ha admitido que «no veían problema» en su liquidación al considerar que la Ley de Fosas cumplía con las mismas necesidades.

Gómez ha lamentado, sin embargo, que la memoria haya sido moneda de cambio, lo que a su juicio, es «tener bajo mínimos el listón de la dignidad democrática».

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