Piden a la Audiencia que se tome declaración a los ex consellers baleares Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes imputados por acoso laboral

OKBALEARES ha tenido acceso al incidente de nulidad presentado este verano en la Audiencia Provincial de Baleares por la funcionaria del Govern, Margarita Sendín, para que el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma complete la instrucción del caso relacionado con la denuncia por acoso laboral interpuesta por Sendín contra los dos ex consellers de Francina Armengol y también contra varios funcionarios y cargos de las consellerias dirigidas por ambos políticos.

Se cumple un año de la imputación de la ahora diputada socialista y miembro de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido, y del ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes. Ambos fueron denunciados en sus funciones de consellers del Govern del Pacte presidido por la socialista Armengol.

La funcionaria denunciante presenta el escrito en la Audiencia al comprobar que en el juzgado se estaría intentando hacer caducar el caso sin haber efectuado todas las diligencias necesarias en la instrucción, como por ejemplo la toma de declaración a los imputados Garrido e Yllanes.

Ambos fueron citados a declarar una vez fueron imputados hace ahora un año. Se aplazó su declaración y ahora el caso se encuentra muy cerca del sobreseimiento a pesar de que sí se tomó declaración a la denunciante.

Margarita Sendín denuncia también todo tipo de supuestas irregularidades durante la instrucción penal, dado que no han sido entregados los documentos originales solicitados en su momento por el juzgado de instrucción.

La magistrada María Pérez Ruiz comunicó el pasado 3 de diciembre la citación —la segunda— como imputados de Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes, ambos como imputados por un delito de acoso a una funcionaria. La cita era para el 5 de febrero de este año. Los dos políticos han utilizado una treta basada en los plazos de las citaciones para evitar las imágenes de ambos entrando a declarar en los juzgados como imputados. Una segunda suspensión con la que pretenden dilatar el proceso tanto como les sea posible.

La funcionaria denunciante fija su denuncia en su jefa de departamento, Isabel Morey, a la que acusa de hacerle «la vida imposible durante tres años, entre 2015 y 2018».

En su denuncia consta que el acoso llevó a Morey y al alto cargo Jaume Colom —ambos imputados— a obligarle a enviar un expediente al Ministerio de Administraciones Públicas en catalán, acción fuera de normativa en aquella época. Según ratificó Sendín ante la jueza, durante esos años se la arrinconó en sus funciones y se la intentaba dejar en evidencia cada vez que les era posible.

Fruto de aquella situación, la funcionaria causó baja por prescripción médica durante un año. En su reincorporación en 2019, el Pacto de izquierdas se había vuelto a hacer con la mayoría suficiente para gobernar en Baleares. Juan Pedro Yllanes se convirtió en vicepresidente y Mercedes Garrido en consejera de Presidencia (2021).

Sendín reactivó su denuncia y llegó a remitir su situación a los dos ex consellers de Armengol, que «hicieron todo lo posible a través de sus afines en el Govern para paralizar cualquier expediente disciplinario que afectase a su personal de confianza. Retuvieron información y jamás activaron el protocolo por acoso».

La jueza instructora tiene imputados en este caso a otros funcionarios y altos cargos como Carmen Palomino -exdirectora general de Función Pública-, Juan Matas, Margarita Roca Bibiloni o María Jesús Romero Amengual.

Se da la circunstancia de que dos de los otros cargos imputados en esta causa fueron piezas de la Administración que Juan Pedro Yllanes movía a su antojo. Es el caso de María Jesús Romero, que pasó de ser funcionaria de confianza de Armengol en la extinta Oficina Anticorrupción y pasó a integrarse en el equipo de Yllanes.

Paula Cristina de Juan, por su parte, fue segunda de a bordo en la Conselleria de Yllanes. Hoy, estando imputada, sigue siendo funcionaria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Con este incidente de nulidad, Sendín pretende dar un impulso definitivo a este caso de presunto acoso laboral en la que fuera vicepresidencia del Govern en la última legislatura del Pacto de izquierdas en Baleares (2019-2023).

La denunciante es una funcionaria que ha sido alto cargo con el PP en Mallorca y que trabajó anteriormente en la Vicepresidencia del Govern. En aquel momento se había sentido acosada e inicialmente llevó el caso al Contencioso Administrativo, instancia en la que ya perdió un recurso. El Defensor del Pueblo también archivó su caso.