Los misterios de la causa judicial contra Yllanes y Garrido: posibles firmas falsificadas, dilaciones y falsedades

La funcionaria del Govern que tiene denunciados por acoso laboral a los ex consellers Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes, más una larga lista de altos funcionarios de sus departamentos, aún no conoce a día de hoy el expediente interno sobre su denuncia, a pesar de que ésta se registró el 8 de junio de 2020. Seis años en los que ha reclamado en distintas ocasiones conocerlo, así como los documentos originales derivados del mismo. Los ha solicitado la funcionaria Margarita Sendín y también el juzgado de Palma que instruye el caso. El Govern no ha atendido, seis años después, ninguna de estas peticiones.

Sendín denunció también ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en abril de 2023 que la CAIB «propició omisiones de información y documental sesgada» ante la instancia laboral.

OKBALEARES ha tenido acceso al escrito registrado por Sendín ante la Inspección de Trabajo en el que denuncia que los funcionarios presuntamente implicados (y denunciados) hacen todo lo posible «para dilatar el procedimiento» con una «mala fe procesal que no había visto nunca».

La funcionaria denunciante dice poder acreditar «falsedades, presunta manipulación documental, presunta falsedad documental y presunta ocultación de documento público». De hecho, OKBALEARES tiene en su poder una prueba de todo ello: dos documentos firmados por la funcionaria de carrera adscrita a la conselleria de Yllanes, María Jesús Romero, instructora de la denuncia interna, aparecen con dos firmas que no tienen ningún parecido.

La funcionaria denunciante fija su denuncia en su jefa de departamento, Isabel Morey, a la que acusa de «hacerme la vida imposible durante tres años, entre 2015 y 2018».

En su denuncia consta que el acoso llevó a Morey y al alto cargo Jaume Colom —ambos imputados— a obligarle a enviar un expediente al Ministerio de Administraciones Públicas en catalán, acción fuera de normativa en aquella época. Según ratificó Sendín ante la jueza, durante esos años se la arrinconó en sus funciones y se la intentaba dejar en evidencia cada vez que les era posible.

Fruto de aquella situación, la funcionaria causó baja por prescripción médica durante un año. En su reincorporación en 2019, el Pacto de izquierdas se había vuelto a hacer con la mayoría suficiente para gobernar en Baleares. Juan Pedro Yllanes se convirtió en vicepresidente y Mercedes Garrido en consejera de Presidencia (2021).

Sendín reactivó su denuncia y llegó a remitir su situación a los dos ex consellers de Armengol, que «hicieron todo lo posible a través de sus afines en el Govern para paralizar cualquier expediente disciplinario que afectase a su personal de confianza. Retuvieron información y jamás activaron el protocolo por acoso».

La jueza instructora tiene imputados en este caso a otros funcionarios y altos cargos como Carmen Palomino -exdirectora general de Función Pública-, Juan Matas, Margarita Roca Bibiloni o María Jesús Romero Amengual.

Se da la circunstancia de que dos de los otros cargos imputados en esta causa fueron piezas de la Administración que Juan Pedro Yllanes movía a su antojo. Es el caso de María Jesús Romero, que pasó de ser funcionaria de confianza de Armengol en la extinta Oficina Anticorrupción y pasó a integrarse en el equipo de Yllanes.

Paula Cristina de Juan, por su parte, fue segunda de a bordo en la Conselleria de Yllanes. Hoy, estando imputada, sigue siendo funcionaria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.