Narcotráfico a la carta en Mallorca: el restaurante de Magaluf que servía cocaína como plato estrella a los turistas
La Audiencia Provincial de Baleares juzga a una banda de narcos que vendían sustancias estupefacientes a turistas extranjeros en un local de hostelería
En la famosa localidad mallorquina de Magaluf, donde el alcohol barato y las discotecas están a la orden del día, o mejor dicho, de la noche, emergía un restaurante que no solo servía comida a los turistas. Tras los fogones se escondía una infraestructura perfectamente organizada para la distribución y venta de drogas.
La organización, compuesta por tres ciudadanos rumanos y un español, operó con impunidad durante gran parte de 2022. Su modus operandi destacaba por su gran eficacia. Los clientes acudían al local y solicitaban la mercancía. Acto seguido, los encargados se desplazaban a un piso franco situado a tan solo 10 metros del restaurante.
Esta vivienda, propiedad de la banda, servía como almacén estratégico para evitar mantener grandes cantidades de droga en el local comercial y así eludir la vigilancia policial.
El fin de este negocio ilícito llegó el 17 de agosto de 2022. La perspicacia de la Policía Local fue determinante tras observar dos transacciones sospechosas y una entrega poco habitual: un trabajador de Correos entregaba un paquete al dueño del restaurante, un individuo conocido bajo el alias de «Cocoliso».
Tras interceptar su vehículo y realizar una inspección exhaustiva, los agentes hallaron 36 dosis individuales de cocaína listas para su venta. El registro posterior en el apartamento-almacén terminó por desmantelar la operativa, saldándose con la incautación de 10.500 euros en efectivo y cantidades significativas de cocaína y anfetaminas.
Cuentas pendientes con la Justicia
Casi cuatro años después de aquellas detenciones, y tras permanecer en prisión provisional desde el estallido del caso, los cuatro acusados se sientan finalmente en el banquillo.
El juicio está previsto para este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. La Fiscalía no ha escatimado en la gravedad de las peticiones: solicita penas que suman un total de 28 años de cárcel y multas económicas que podrían ascender a los 100.000 euros.