Martín Aleñar: «El consejo previo de un abogado puede ser la diferencia entre acertar o equivocarse en decisiones clave»

Martín Aleñar (Barcelona, 1959) es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) desde el 2012, cargo que ostenta con la máxima responsabilidad, vocación de servicio y espíritu reivindicativo.

En esta entrevista, hace un repaso del estado en que se encuentra la Abogacía en las Islas, así como los retos del ICAIB para este 2023 y sus principales reivindicaciones.

Pregunta.- ¿Cómo se encuentra actualmente la profesión en Baleares? ¿Se ha recuperado de la pandemia?

Respuesta.- La abogacía no es ajena a las preocupaciones de la sociedad y se ve afectada en la misma medida. Ahora bien, si comparamos con los momentos más duros de la pandemia, creo que nuestra actividad ya se mueve en los niveles anteriores a la pandemia. Incluso puede que sea algo superior, dado que como consecuencia de la pandemia, se han producido nuevos problemas legales a los que hemos de dar solución.

P.-¿Cuáles han sido los mayores logros del ICAIB en 2022?

R.- El Colegio de Abogados es una corporación volcada, como no puede ser de otra manera, en el servicio a sus colegiados y a la sociedad. Nunca me ha gustado hablar de logros porque ofrecer esos servicios, ampliarlos y defender la profesión donde haga falta y cuando sea necesario, es nuestra obligación. Sí le diré que gracias al trabajo de quienes me acompañan en la Junta de Gobierno y de quienes integran las distintas comisiones colegiales, se han producido avances importantes y han aumentado las herramientas que se ponen a disposición de los compañeros para facilitar el día a día del ejercicio profesional.

P.- ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones para este 2023?

R.- El año es nuevo, las reivindicaciones, por desgracia, no. En este sentido, es esencial que la Justicia deje de ser la hermana pobre de los servicios del Estado y que se realice una inversión decidida para avanzar en el objetivo de la Justicia eficaz y ágil que necesitamos. Confiamos también en que sea el año en que vuelva, a los ámbitos social y político, la capacidad de diálogo, el consenso y la serenidad que requiere el buen funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho. El año de la dignificación del turno de oficio, aquél en el que los poderes públicos muestren sensibilidad hacia las justas reivindicaciones de las abogadas y los abogados del turno de oficio. Que sea el año en el que haya pasos de gigante en la lucha contra la violencia de género y en la protección de sus víctimas. El año en que se apruebe la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y, también, en el que se consoliden y amplíen las medidas de conciliación de la vida personal y laboral de los profesionales de la abogacía.

P.- ¿Cómo son sus relaciones con los organismos de la Administración?

R.- En general, puedo decir que la relación con la Administración de Justicia es muy fluida y positiva. Eso no quiere decir que alguna vez, en algún juzgado, se haya podido dar un trato al profesional de la abogacía que no sea el adecuado. Los abogados no somos más que los jueces, ni que los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, ni que cualquier otro agente de la Justicia. Pero tampoco menos y, por ello, el trato ha de ser igual para todos los operadores que concurrimos en la Justicia. De todos modos, como decía, estas son circunstancias muy puntuales, porque la realidad es que el diálogo es fluido.

P.- ¿Cómo está afectando la huelga que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia?

R.-Los abogados estamos muy preocupados por los graves efectos que está teniendo esta huelga, no solo sobre la profesión, sino, muy especialmente, en la ciudadanía. Desde el respeto que merece el derecho fundamental a la huelga, lo que no se puede negar es que el conflicto ha supuesto la suspensión de miles de juicios y de actos procesales en todo el país y que mantiene bloqueados buena parte de los pagos y las transferencias procedentes de las cuentas y consignaciones judiciales, con los gravísimos perjuicios que todo ello está generando entre quienes solicitan el amparo de la Justicia y aspiran a una pronta y justa reparación de sus derechos y legítimos intereses.

Hay personas que llevan meses, algunas incluso años, esperando un juicio y cuando por fin tenían fecha señalada, muchos se encuentran con que se les ha suspendido. Lo mismo pasa con las múltiples gestiones que los ciudadanos hacen en el registro civil o con aquellas personas que esperan una indemnización o el pago de pensiones alimenticias para sus hijos y ven que ese dinero no llega. El daño es tremendo y la situación empieza a ser insostenible. Por eso, reitero mi llamamiento para que el comité de huelga y los Ministerios de Justicia y Hacienda hagan un ejercicio de máxima responsabilidad para acercar posturas. Tienen que negociar, si es necesario de forma ininterrumpida, para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga. De lo contrario, la situación será realmente dramática para centenares, miles, de personas.

P.- Casos muy mediáticos (caso Cursach) han hecho que la abogacía se encuentre en un momento de auge. ¿Cómo lo valoran desde el ICAIB?

R.- No tengo por costumbre pronunciarme nunca sobre casos concretos, aunque le diré que no comparto su apreciación sobre que el auge de la abogacía descanse –o no- sobre un determinado asunto. De lo que estoy seguro es que tanto en este caso, como en todos los demás, tengan o no repercusión mediática, sean los afectados personas conocidas o anónimas, los abogados de todas las partes realizan un trabajo ímprobo para defender los derechos o legítimos intereses de sus clientes. El día a día en nuestros juzgados y tribunales está plagado de historias de éxito en la defensa de los derechos de las personas, lo que no quiere decir que siempre ganemos los casos. ¡Ojalá!, aunque eso tampoco supone que no se haya hecho todo lo que está en manos del letrado.

P.- ¿Se reconoce la labor del turno de oficio?

R.- Depende de quién lo valore. Si quienes lo hacen son los ciudadanos le diré, rotundamente, que sí, que el trabajo de los compañeros está muy bien valorado. De hecho, las encuestas que periódicamente realiza la Abogacía Española revelan que quienes han sido defendidos por profesionales del turno de oficio valoran su trabajo y dedicación al asunto con un notable alto. En cambio, si nos referimos a los poderes públicos, creo que su actitud hacia la abogacía del turno de oficio deja muchísimo que desear y diría que, en ciertos momentos, es ofensiva. Mire usted: sobre el trabajo de estos profesionales descansa, ni más ni menos, que la efectividad del principio de una Justicia igual para todos. Los abogados del turno de oficio prestan un servicio público esencial por el que el Ministerio les abona unas cantidades que no alcanzan, ni de lejos, el valor real que tienen ese trabajazo y esa dedicación. Es más, frecuentemente el Ministerio, sea del color político que sea, incumple los compromisos que ha contraído con el colectivo. Y eso tiene que acabar ya.

P.- ¿Es importante el consejo legal previo de un abogado en cuestiones cotidianas?

R.- Importante no, es esencial. En general, los ciudadanos acuden a nosotros en busca de posibles soluciones cuando el problema, del tipo que sea, ya se ha presentado y lo más aconsejable es que sea mucho antes. Debemos tener en cuenta que muchos de los actos que llevamos a cabo a lo largo de la vida tienen trascendencia jurídica. Formar una familia, firmar un contrato de trabajo, montar una empresa, comprarse una casa o, incluso, morirse son cuestiones que, aunque no lo parezca, tienen un trasfondo jurídico. Por eso es importante que, antes de tomar una decisión, se consulte con un profesional de la abogacía. Porque recibir ese consejo previo de alguien cualificado para darlo puede ser la diferencia entre acertar o equivocarse en la toma de esas decisiones. En definitiva, acudir al abogado es ganar en tranquilidad.