Mallorca tramitará antes de que acabe el año la legislación que limitará el número de coches en verano

El Consell de Mallorca iniciará antes de que acabe el año la tramitación de la legislación que limitará el número de coches en verano, como ya han hecho las islas de Formentera y esta temporada la de Ibiza donde entre el 1 de junio y el 30 de septiembre son 20.168 los vehículos autorizados de no residentes que pueden circular.

En el caso de Mallorca, donde en 2023 entraron 400.000 vehículos a motor, el doble que en 2017, el borrador de la proposición de ley para regular la entrada de coches, primero deberá pasar por la Comisión insular de Movilidad para después llegar por primera vez al pleno, donde deberá ser aprobada de forma inicial.

Tras este primer trámite se abrirá un periodo de exposición pública de un mes en el que se podrán presentar alegaciones y, posteriormente, deberá someterse a una aprobación definitiva para la que será necesaria una mayoría absoluta. De llegar hasta este punto, el texto sería remitido al Parlament, donde continuaría su tramitación ordinaria como una proposición de ley.

Si la Cámara autonómica diera su visto bueno, el texto volvería al pleno del Consell de Mallorca, que en un plazo de dos años deberá desarrollar uno a uno los aspectos en los que la nueva legislación le otorgue competencias y fijar, por ejemplo, el techo de coches, la cuantía que deberán pagar por entrar en la isla o el periodo de aplicación de las restricciones.

El presidente del Consell de Mallorca del PP, Llorenç Galmés, preguntado por los tiempos previstos, ha deseado que antes del próximo agosto se pueda someter el texto a su aprobación inicial en el pleno insular e iniciar así el periodo de alegaciones, en el que podrán participar tanto los partidos políticos como la sociedad civil.

Previsiblemente, ha calculado, la aprobación definitiva podría producirse dentro del último trimestre del año. Para su votación en el Parlament no ha querido hacer una estimación concreta, pero ha asegurado que si puede entrar en vigor en febrero, por ejemplo, no esperarán a junio.

«Es innegable que la sobrecarga de las carreteras nos afecta en el día a día», ha reconocido Galmés admitiendo a su vez que las retenciones en las carreteras es uno de los principales problemas que sufren los mallorquines a diario, ante el que su equipo de gobierno «no quiere ponerse de perfil» y pretende afrontarlo «con valentía y determinación».

«El crecimiento disparado inevitablemente ha tenido una repercusión negativa, porque Mallorca es un territorio finito y limitado y lo tenemos que preservar», ha sostenido. Con la regulación de entrada de coches, ha defendido, no solo se mejorará la calidad de vida de los mallorquines sino que también se contribuirá a preservar el entorno y «proteger nuestra imagen como destino turístico».

El borrador contempla la imposición de una tasa para los vehículos que no tributen en Baleares y que el pleno del Consell fije, con carácter anual o bianual, el techo de vehículos que puedan entrar a la isla.

Tendrán preferencia los que sean eléctricos y no contaminantes y quedarán exentos de la prohibición los vehículos de los residentes, los de personas con movilidad reducida, los de emergencia y de cuerpos de seguridad, los de transporte de mercancías y los de distribución comercial, entre otros.

Las navieras, han explicado, deberán informar a sus clientes de las restricciones en vigor en el momento del viaje y de las consecuencias de su incumplimiento, así como comprobar que todos los vehículos a motor que carguen en sus embarcaciones cuentan con permiso para acceder a la isla.

También deberán facilitar al Consell las matrículas de todos los coches que desembarquen en la isla. Las empresas de rent a car deberán hacer lo mismo con todos los vehículos que entren y salgan de Mallorca.

Por otra parte, los no residentes que sean propietarios de una vivienda en Mallorca podrán circular con un vehículo por propietario siempre que esté domiciliado fiscalmente en aquel domicilio.

También se contempla la creación de una comisión de coordinación de políticas de movilidad, que estará integrada por el Consell, el Govern, todos los ayuntamientos de Mallorca y la Dirección General de Tráfico (DGT), y establece un plan de movilidad sostenible para reducir el impacto de las externalidades negativas de la presión viaria.

Entre otras cosas, las administraciones deberán garantizar que los servicios públicos de transporte están preparados para afrontar el previsible aumento de demanda que tendrán a raíz de las restricciones.

Por otra parte, la proposición de ley pretenderá otorgar a la institución insular la potestad de regular el acceso o el estacionamiento en determinados espacios públicos, naturales, patrimoniales o paisajístico en los que la acumulación de vehículos puedan poner en riesgo la protección y evacuación en situaciones de emergencias.