El clan de ‘El Charly’ utilizaba un piso público cedido por el Govern para guardar droga
Su cuñado lo empleaba para realizar transacciones de dinero relacionadas con el negocio de la trama
Al entrar en la vivienda la Guardia Civil encontró bajo una almohada un paquete con hachís
El clan de El Charly utilizaba un piso público cedido por el Govern para guardar droga en el barrio palmesano de Son Gotleu. En concreto, la Guardia Civil acusa al cuñado del también presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (Fagib), Carlos Cortés El Charly, de utilizar como guardería de droga un piso de protección oficial cedido por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) del Govern balear a una asociación.
El atestado de la operación Jaque Mate concluye que el cuñado del Charly gestionaba y supervisaba personalmente parte de la actividad criminal del grupo desde este piso en Son Gotleu.
La vivienda en cuestión fue cedida por el Ibavi a una asociación vecinal el año 2021, mediante un convenio que firmó el propio Carlos Cortés con el entonces conseller socialista de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.
Desde la Conselleria han indicado que el Ibavi estudiará el caso cuando tenga una comunicación oficial y actuará en consecuencia, «teniendo en cuenta que, si se confirman estos hechos, serían motivo de rescisión de la cesión de esta vivienda».
Esta vivienda de tres habitaciones, junto a otra ubicada en un mismo bloque, en Son Gotleu, fue entregada a la Asociación Gaocaló Nueva Esperanza, mediante un convenio con una vigencia de cuatro años, con prórroga automática otros cuatro más por anualidades siempre que no hubiera incidentes.
Como contraprestación, la asociación debía satisfacer mensualmente rentas muy reducidas teniendo en cuenta los precios del suelo en Palma: 337,80 euros al mes en total sumando los dos pisos.
El convenio establecía que las viviendas debían destinarse únicamente a alojamiento temporal para familias usuarias de la asociación en riesgo de exclusión social.
Sin embargo, según la Guardia Civil, uno de esos pisos constituía el domicilio habitual del cuñado del Charly, y creen que la presunta organización criminal lo utilizaba como punto de almacenaje de droga.
El Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil sostiene en su atestado que hay «indicios suficientes» que así lo corroboran. También creen que el cuñado del Charly, con antecedentes por tráfico de drogas y daños, empleaba este punto para realizar transacciones de dinero relacionadas con el negocio de la trama.
El informe del equipo antidroga incide en que desde aquella dirección el investigado, del clan de los valencianos, «mantiene una actitud vigilante, controlando los vehículos que circulan y las personas que pasean por sus inmediaciones, llegando incluso a detectar la entrega de efectos entre algunos de los miembros de la organización criminal investigada».
Los pinchazos telefónicos y las vigilancias de la Guardia Civil también constatan multitud de desplazamientos y contactos de este investigado que para los agentes son reveladores del presunto tráfico de drogas y la estructura de la organización. Llama la atención una conversación en la que el hombre habla con su hermano sobre negocios de inversión en inmuebles con casas valoradas entre dos y seis millones de euros.
Al entrar en la vivienda el pasado 13 de marzo, la Guardia Civil encontró en el interior a seis adultos (tres hombres y tres mujeres) y un menor. Bajo la almohada de la cama de uno de los hijos de la familia residente hallaron un paquete con hachís dentro de una bandolera infantil. En un armario encontraron anotaciones manuscritas de lo que parecían ser movimientos de dinero.
El Charly ingresó en prisión el pasado 16 de marzo por orden judicial acusado de narcotráfico.
El presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears está considerado por los investigadores como uno de los principales cabecillas de la red que introducía en Mallorca grandes partidas de cocaína. En total, en la operación Jaque Mate se han intervenido 1,3 toneladas de cocaína, han sido detenidas 64 personas de nacionalidad española y colombiana, se han bloqueado 148 cuentas corrientes y se han requisado 40 inmuebles en Mallorca y la península por valor de 8,8 millones de euros.
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