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Una chapuza de la ex concejala independentista de Urbanismo de Palma arruina la vida de un promotor

Concedió licencia para hacer un edificio de seis plantas, y una vez construido, rebajó a tres las alturas

Antes de abandonar el cargo aprobó la orden de demolición del inmueble que aún no se ha ejecutado

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Una chapuza de la ex concejala independentista de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol (Més) arruina la vida de un promotor palmesano, al que primero le otorgaron licencia para construir un edificio de seis alturas en mayo de 2020 (nueve viviendas y tres despachos) y una vez levantada la estructura total del inmueble, el anterior gobierno municipal en julio de 2021, ordenó la paralización de las obras, rebajando a tres el máximo de alturas permitido.

Todo ello en base a una revisión de oficio de la licencia a instancias de un técnico municipal.

Año y medio después de paralizar la obra, y a cinco meses de abandonar la Concejalía de Urbanismo, en concreto el 25 de enero de 2023, este departamento le comunicaba al afectado la orden de derribo de las tres plantas sobrantes del edificio y la anulación de la licencia concedida, una demolición que aún no se ha materializado.

Todo un despropósito que la concejala Truyol, ahora en la oposición, dejó en la mesa del despacho a su sucesor en el cargo, el concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, al que éste aún no ha podido encontrar una solución.

Lo más llamativo del caso es que el edificio en cuestión, ubicado en el número 27 de la calle Fra Antoni Llinás del barrio palmesano de S’Escorxador, está flanqueado por dos inmuebles de ocho alturas.

No se entiende que el informe municipal al que Truyol y su equipo se agarró para paralizar la obra, indique que fue un error otorgarle al solar seis alturas, que serían las que por lógica le corresponden, porque están más acordes con las dimensiones de los inmuebles colindantes.

Ante el decreto de Alcaldía de paralización de las obras, el promotor presentó las alegaciones pertinentes que dieron lugar a informes contradictorios por parte de técnicos del departamento, posicionándose unos a favor de la continuidad de las obras, y otros por su paralización, siendo éstos los que impusieron su decisión.

El promotor, Servicios Inmobiliarios Mallorquines SA, a principios de 2023 interpuso un recurso de reposición en contra de la demolición parcial del edificio que, en la última reunión de la Junta de Gobierno antes de las elecciones municipales de mayo, se desestimó avalando el anterior equipo de gobierno la demolición.

El afectado aseguraba que derribar tres alturas era inviable, porque los cimientos se resentirán y los pilares del inmueble no aguantarán la estructura del edificio.

Ante esta situación el Grupo Municipal de Vox ha presentado en el pleno del Ayuntamiento de Palma de este mes de julio una propuesta en la que insta al equipo de gobierno del PP a llevar a cabo los trámites necesarios para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana con el fin de  permitir las seis plantas de esta construcción y encontrar así una salida a la batalla judicial que se avecina.

Como apunta el número uno de Vox en Palma, el concejal Fulgencio Coll, los daños causados a los inversores son enormes.

«Han pagado todo este tiempo 5.000 euros de intereses mensuales al banco, ha negociado financiar el derribo, pero no hay ningún constructor capaz de hacer con certeza el presupuesto, y a los que se les ha pedido no son capaces de hacer un presupuesto para valorar los costes”, indica el regidor palmesano.

Para Coll nos encontramos en un caso donde la normativa resulta «claramente interpretable y ambigua, como queda patente en la desafortunada e inapropiada anulación de una licencia municipal de obras».

Esta discutible interpretación da lugar también a informes contradictorios por parte de los técnicos municipales, con el añadido como concluye el concejal, de que ante el evidente y serio problema de acceso a la vivienda que existe en Palma, no tiene sentido alguno su demolición.