Barra libre a los manteros en las calles de Palma y en los juzgados: la mayoría de denuncias archivadas

Barra libre a los manteros en las calles de Palma y en los juzgados donde la mayoría de denuncias son archivadas, según confirman fuentes policiales, que a la vez lamentan que la mayor parte de las sanciones impuestas por la Policía Local a los vendedores ambulantes ilegales son incobrables, dado que sólo son multados aquellos que disponen de NIE, que en la práctica totalidad de los casos, son personas insolventes.

Tras el fin de la pandemia, el verano pasado en los principales espacios turísticos y playas de la capital balear se disparó la presencia de manteros: desde la Playa de Palma a las inmediaciones de La Seu, Plaza Mayor o Parc de la Mar. Todo ello para desesperación de las patronales del pequeño comercio, y sin que se pusieran en marcha por parte del gobierno municipal presidido por el alcalde socialista, José Hila, operativos policiales continuados para hacer frente a la venta ilegal de toda clase de productos.

Con el arranque de la temporada de cruceros a finales del pasado mes de marzo, durante esta Semana Santa los manteros han vuelto a proliferar por las calles de Palma, sin que la dirección de la Policía Local haya activado ningún dispositivo especial de incautación de material falsificado.

Si los juzgados han archivado la mayoría de denuncias por delitos contra la propiedad industrial presentadas por la Policía Local de Palma en los últimos cinco años, y en la mayor parte de las veces ni tan siquiera los representantes legales de las marcas perjudicadas se personan en el juicio, la única medida para poner coto a esta proliferación de la venta ambulante ilegal es la presión policial.

El problema como precisan fuentes policiales, es que las actuaciones contra los manteros son siempre violentas y los agentes se tienen que jugar el tipo. Desde la oposición, y ante la pasividad del gobierno municipal, PP y Ciudadanos (Cs) se comprometían esta misma semana y con las elecciones municipales de mayo a la vuelta de la esquina, a hacer frente a esta situación.

Desde Cs, su candidata Eva Pomar, apostaba por poner en marcha un plan de vigilancia para que los cuerpos policiales trabajen de forma conjunta, «aportando soluciones reales y fomentando la inserción laboral y social de las personas que son explotadas por las mafias”.

«Es necesario dar una salida a quienes se ven forzados a realizar esta actividad, y a la vez cuidar y preservar la imagen de nuestra ciudad», reclamando una mejor coordinación con la Delegación del Gobierno para que las competencias de la Policía Local no sean un obstáculo para acabar con la venta ambulante ilegal.

Desde las filas del PP, su candidato, Jaime Martínez, lo fiaba todo a la aprobación del denominado Plan Integral de Seguridad «que erradicará los focos de delincuencia». «Pondremos fin a la permisividad de los actos delictivos y de la venta ambulante ilegal, que no hace ningún bien al comercio ni a la ciudad, denunciando Martínez, «la vergonzosa permisibilidad de la izquierda que no hace más que incrementar la degradación de nuestra ciudad».