Baleares no levanta la limitación a los cruceros en Palma y la extenderá en 2026 al puerto de Ibiza

Baleares sigue sin levantar la limitación a los cruceros en Palma aprobada la pasada legislatura en 2022 (máximo de tres buques al día y sólo uno de más de 5.000 pasajeros), cuya vigencia concluyó en 2024, y la extenderá el próximo año al puerto de Ibiza.

La contención y restricciones a este turismo, que dejó 2,5 millones de visitantes en los puertos de las Islas en 2024, es un hecho desde la pasada legislatura, con los socialistas al frente del Govern y estas limitaciones con gravámenes tributarios al alza se van a mantener con los populares en el Consolat de Mar.

El anuncio este pasado viernes del Govern que preside Marga Prohens del aumento de la ecotasa a los cruceristas durante los meses centrales del verano, triplicando el importe actual de los dos a los seis euros por noche, hay que unir que Ibiza limitará en 2026 a un máximo de dos las escalas simultáneas de cruceros en el puerto de Botafoc.

Una medida que cuenta con el visto bueno del Consell y del Ayuntamiento de la capital ibicenca, ambos gobernados por el PP, que tendrá que negociar con empresas navieras y consignatarias.

Una vez rubricado ese pacto se pondrá en marcha tras su refrendo parlamentario con una proposición no de ley que saldrá adelante con amplia mayoría, al existir consenso entre partidos de derechas e izquierdas. De hecho, el PSOE ya ha incluido en la ponencia marco de su Congreso regional de este mes de marzo, esta limitación a los cruceristas en los puertos de Palma e Ibiza.

Las restricciones al turismo de cruceros implantadas por Armengol en el puerto de Palma tras pactarlas con las navieras tendrá que ser renovado este año por el Ejecutivo de Marga Prohens, pero ya obtuvo su respaldo parlamentario esta legislatura con el PP al frente del Govern.

La primavera pasada fue rubricada por todos los partidos, excepto los independentistas de Més, que se abstuvieron, una proposición no de ley (PNL) en la que instaba al actual Ejecutivo a iniciar el proceso de diálogo y acuerdo con las asociaciones de empresas navieras y consignatarias de cruceros turísticos, para poder renovar el pacto sobre la llegada ordenada de cruceros al puerto de Palma.

Se trata de unas negociaciones que aún no se han escenificado, pero en las que Prohens tiene las manos libres para mantener estas limitaciones tras la ruptura del acuerdo programático con Vox. Un pacto que fijaba el compromiso de ambos partidos en la «defensa del turismo de cruceros por su impacto en el comercio, la restauración y otros sectores estratégicos, gestionando los flujos de embarcaciones y de visitantes, y evitando una sensación de saturación para los residentes».

Un acuerdo calcado del programa electoral del PP y en línea con las medidas de contención turística defendidas por el propio alcalde de Palma del PP, Jaime Martínez, el mes de mayo pasado y que fueron propuestas en la segunda reunión de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad.

Incluían, por ejemplo, el cobro de una tasa a los cruceristas a la llegada al puerto y otra para poder visitar la ciudad (iniciativa que por ahora no se ha materializado) incrementar las tasas de residuos para los cruceros, e incluso la tarifa del agua que recargan estos buques en el puerto para llenar sus depósitos, ya que según manifestó el pasado pleno el número dos del gobierno municipal y teniente de alcalde de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet, es de las más baratas de los principales puertos de Europa.

Una subida de impuestos a este turismo que se podría materializar en los presupuestos municipales de 2026, cuando todo hace indicar que entrarán en vigor el grueso de las medidas por la sostenibilidad turística anunciadas por el Govern de Prohens.