El Ayuntamiento de Palma cede un local municipal a los antituristas independentistas de Arran

El Ayuntamiento de Palma gobernado por la coalición de socialistas, independentistas y Podemos, presidido por el alcalde, José Hila (PSOE)  cedió el pasado mes de febrero a la organización independentista catalana pro okupa, Arran, un local municipal en el centro social de S’Escorxador, mientras el Govern de Francina Armengol tramitaba la ley turística que congela la oferta vacacional para los próximos 4 años. 

Fue con motivo de la presentación de la revista de esta organización, en concreto del tercer volumen, en el que la organización que lidera y promueve el activismo contra el turismo en Baleares, lanzó también el contenido de la campaña ‘Lo queremos todo’.

En la misma hacen un llamamiento «a la organización de la juventud trabajadora. No podemos esperar que las cosas cambien solas. Debemos volver a creer que la revolución es posible», apuntan en una de sus proclamas. En otra aseguraban en el transcurso de las conclusiones de una mesa redonda que «para poder acabar con el sufrimiento de nuestra clase debemos organizarnos para combatir a la burguesía, porque ya no nos bastan sus reformas».,

La cesión del inmueble fue obra de la Concejalía de Participación Ciudadana, en manos del concejal de Podemos y portavoz del gobierno municipal, Alberto Jarabo, y el acto fue ampliamente publicitado por una organización, autora de múltiples pintadas vandálicas a lo largo y ancho de la ciudad en la que expresan sus iniciativas en contra del turismo, a favor de la independencia de Cataluña o de la okupación.

Unas pintadas cuyos autores, hasta la fecha, han quedado impunes, y nunca el actual gobierno municipal les ha tramitado la correspondiente denuncia a la organización. De hecho la permisividad municipal con esta entidad es más que notable si tenemos en cuenta que la pasada legislatura, por ejemplo, colgaron una pancarta sobre las murallas de Palma frente a la Catedral con el lema «Basta de turismo masivo, empresarios turísticos, culpables».

Fue con motivo de una de sus habituales campañas antiturísticas que vienen protagonizando desde que la actual coalición de gobierno accedió al poder en las diferentes administraciones de Baleares en 2015.

Una pancarta ubicada en pleno centro histórico y monumental, que no fue retirada por el Ayuntamiento de Palma porque a juicio del gobierno municipal del mismo color político que el actual, no ensuciaba ninguna pared, ni el patrimonio de la capital balear, remarcando además la necesidad de avanzar en un modelo turístico sostenible y de calidad.

Ahora la cesión de este local se produce después de que esta organización lograra, junto a la Plataforma per la Llengua que el Govern de la socialista Francina Armengol cediera a las presiones de estas entidades radicales independentistas y eliminase el castellano como lengua vehicular en la nueva Ley de Educación.