Aprobada la ley educativa de Armengol en Baleares que erradica el castellano de las aulas

El pleno del Parlament ha aprobado esta tarde la polémica primera Ley de Educación de Baleares del Govern de la socialista, Francina Armengol, que erradica el castellano de las aulas, sin el consenso de la oposición en cuestiones como el modelo lingüístico, que ha centrado buena parte del debate, y también con discrepancias respecto a la elección de centro o el tratamiento de la enseñanza concertada.

Las enmiendas que recogían la vehicularidad del castellano y la posibilidad opcional de utilizar una lengua extranjera como lengua de enseñanza han sido rechazados, con el voto en contra de los partidos del Ejecutivo y a favor de PP y Cs, que han acusado a los socialistas de haber cedido ante las presiones de sus socios.

El texto blinda el conocido como ‘Decreto de Mínimos’, que establece un mínimo del 50 por ciento de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros liderados por direcciones afines a los postulados nacionalistas, para decidir el resto, logrando con ello alcanzar el 100% en esta lengua.

Desde la oposición han reprochado al Govern que la ley nazca sin recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en castellano en el modelo de Cataluña.

La diputada del PP, Margalida Durán, ha reprochado a los partidos del Gobierno balear, la «excusa» que han dado para justificar el cambio en la vehicularidad del castellano.

«Ustedes decidieron hacer volar por los aires todos los puentes», ha protestado Durán, criticando que la izquierda anunciase este lunes, «sin una llamada previa», que «todo lo negociado no valía nada, que semanas de trabajo quedaban sin efecto».

«Al final todo se decidió ayer en un despacho», reiteró, instando a los socialistas a explicar «por qué hace seguidismo del modelo de Cataluña contrario a la Constitución».

En este sentido, el PP ha advertido al conseller socialista Martí March que «ha fracasado en conseguir que la primera ley de Educación de Baleares sea de consenso y duradera». Igualmente, desde Cs, Juan Manuel Gómez ha criticado el «juego de trilerismo del PSOE» por «insultar el trabajo parlamentario llegando a acuerdos en despachos únicamente con los socios».

Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha afirmado que «el verdadero objetivo de la ley es blindar el predominio del catalán». «Qué absurdo que en el país original del español no se pueda escolarizar a un niño en español», ha dicho Campos, que ha prometido derogar esta ley si Vox llega a tener responsabilidades de gobierno.

En las bancadas de la izquierda, Més per Mallorca ha criticado los argumentos de la oposición señalando que decir que la norma pone en riesgo el castellano «es como decir que dar ayudas al pequeño comercio pone en peligro a Amazon».

Gloria Santiago, de Unidas Podemos, ha afirmado que en el apartado lingüístico la ley es «reflejo de la sociedad balear» porque las dos lenguas son cooficiales. «Quien vea en esto un problema, es que el problema es él», ha dicho, considerando que el Decreto de Mínimos «es una victoria de la sociedad» y llamando a la «lealtad» porque «los pactos mandan».

Los socialistas han pasado brevemente sobre el aspecto lingüístico, limitándose a señalar que la sociedad balear tiene «una cultura y lengua propias que la vertebran y proyectan hacia el mundo» y que se da «categoría de ley a un modelo de consenso». El diputado Carles Bona ha dedicado su intervención a hacer un repaso general de la ley llamando a «firmar un contrato social por el futuro».