La alcaldesa de Capdepera no aclara nada sobre la denuncia por supuestas obras ilegales en su casa
El PSOE califica de "decepcionante" la comparecencia de Mireia Ferrer ((PP) en la comisión informativa
Ha sido denunciada por un policía por haber construido una piscina, un porche y un cenador de forma ilegal
El Grupo Municipal Socialista de Capdepera (Mallorca) ha calificado de «decepcionante» la comparecencia de la alcaldesa, Mireia Ferrer (PP), en comisión informativa extraordinaria convocada a petición de los socialistas, en relación a unas supuestas obras ilegales en su casa.
«Ningún documento, ninguna información», han lamentado los socialistas en un comunicado en el que han criticado que Ferrer sólo haya admitido que la vivienda donde vive es propiedad de su madre, pero sin aportar documentación que aclare la legalidad de las obras.
La regidora del PSIB Isabel Rodríguez ha insistido en que la primer edil no ha rebatido la denuncia de los socialistas, que reclamaron la comisión informativa «ante la alarma generada en el municipio por las informaciones que destaparon la existencia de una denuncia presentada por un policía local» en relación, en concreto, a la construcción de una piscina, un cenador y el cierre de un porche, que podrían estar fuera de normativa.
Según han trasladado los socialistas, en la comparecencia, la alcaldesa ha reconocido que la titularidad de la vivienda es de su madre, y ha descargado en su progenitora cualquier responsabilidad que se pueda derivar de una supuesta ilegalidad de las obras.
«Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la legalidad vigente en materia urbanística, pero quienes ostentan cargos públicos todavía tienen un plus en el cumplimiento de la normativa, y no pueden alegar desconocimiento, como ha hecho Ferrer», ha añadido la socialista.
La regidora del PSIB ha reiterado la voluntad de averiguar la naturaleza de los hechos que de confirmarse, a su juicio, constituirían «un gran problema para la continuidad de Ferrer».
En su denuncia, el agente de la Policía Local advierte que las obras realizadas entre 2022 y 2023 incluye, aparte de la piscina, un aumento de volumen en la reconversión de un porche. Tanto la piscina como el porche y el cenador serían ilegalizables, según la normativa urbanística del municipio. La vivienda en cuestión está en el núcleo costero de Cala Rajada.
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